Los censos que determinan el número de lobos que hay en Castilla y León son la suma de muchos pequeños estudios elaborados por empresas privadas, contratadas tanto por los gestores de los cotos de caza privados como por la propia Junta. Aun así, según la administración autonómica, al norte del río Duero en Castilla y León (territorio de la autonomía donde este animal es especie cinegética, ya que al sur está considerado un animal protegido) hay 1.051 lobos. Una cifra que algunos técnicos consideran excesivamente precisa.
La Junta de Castilla y León ha aprobado abatir 339 lobos ibéricos durante las tres próximas temporadas de caza. Para tomar esta decisión, la administración se ha basado en los censos y estudios que ellos mismos realizan. El resultado lo ha obtenido la Junta tras sumar los datos sobre el número de lobos que envían los gestores de los cotos de caza privados con los datos de las reservas de caza públicas. Todos ellos recabados a través de empresas privadas, subcontratadas tanto por la Junta como por los gestores de los cotos. Un sistema que muchos consideran excesivamente impreciso.
El último censo regional sobre el lobo ibérico se realizó en 2012. Desde entonces, la Junta de Castilla y León se ha basado en estudios anuales que adjudica a la empresa Consultora de Recursos Naturales, S.L., dirigida por la misma persona que «coordinó» el censo regional: Mario Sáenz de Buruaga. Según las investigaciones anuales de Sáenz de Buruaga (nombrado «protagonista del mes» por la revista Ciencia y Caza), que cuestan 4.174,50 euros a las arcas públicas, al norte del Duero hay una cifra concreta de 1.052 lobos, es decir, 128 manadas.
Técnicos de la administración que participaron en la elaboración del censo regional han hablado con MONCLOA.COM y han detallado cómo elaboraron el estudio, además de criticar los resultados en los que se basa la Junta para llevar a cabo su plan de caza. La administración, a través de sus agentes medioambientales y celadores de medio ambiente, analizó cada excremento de lobo, huella, rastro, escucha o avistamiento de lobo para hacer una estimación sobre el número de ejemplares. A esto, le añadieron los datos de ataques de lobo al ganado. El trabajo de campo lo hicieron los agentes medioambientales y los celadores y Sáenz de Buruaga se encargó de compilar los datos y firmar el documento. Eso sí, con agradecimiento a quienes estaban a pie de monte.
Esto fue el censo de 2012. El censo regional. Después de este documento, lo que se ha sucedido, según la Junta de Castilla y León, han sido los estudios de 4.000 euros encargados a la empresa Consultora de Recursos Naturales en los que se han basado para estimar el crecimiento de la población de lobos y, por tanto, para tomar la decisión de matar a 339 lobos de los más de 1000 que hay al norte del Duero, según sus datos. Eso sí, basándose en otro estudio de 1995 sobre el lobo gris de Minnesota, que determinó que «sobrepasar el umbral del 35% de mortalidad anual supondría la regresión poblacional de la especie».
La Junta asegura que ha utilizado como fuente «la información recogida de manera continua y ordinaria por los funcionarios de la Junta de Castilla y León (agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y personal técnico de los servicios territoriales de medio ambiente)». Pero fuentes de los técnicos forestales, que prefieren permanecer en el anonimato, consideran que no es suficiente.
«Para la determinación del cupo de caza en cada una de estas comarcas la Junta de Castilla y León ha analizado previamente, para cada comarca lobera, factores tales como la densidad de manadas por comarca o la mortalidad conocida no natural por causas diferentes a la caza», insiste la Junta.
Pero la historia judicial sobre la caza del lobo ibérico en Castilla y León no acompaña a la presunta fiabilidad de estos estudios. Desde 2009, hay numerosas sentencias en las que se han llegado a suspender o anular los cupos de lobos asignables a cada comarca. Una bala en la recámara que se guardan los grupos ecologistas, quienes ya se han mostrado contrarios a la decisión que aprueba matar a 339 lobos.
LOS COTOS PRIVADOS
Al igual que la administración pública, los cotos privados que quieran abatir especies cinegéticas como el lobo ibérico tienen que presentar un plan técnico. Los gestores de esos cotos contratan a una empresa para que elabore un censo y éste se envía a la Junta, quien tiene la obligación de contrastar los datos y comprobar la fiabilidad del mismo.
Los datos que aportan los gestores de estos cotos son recogidos por la Junta de Castilla y León para incluirlos en sus estudios. El problema empieza, según algunos técnicos, cuando los propios gestores se benefician de que haya un mayor número de especies cinegéticas. Si la Junta aprueba abatir un número x de lobos, que se venden a un precio que supera los 3.000 euros, es dinero que se queda en las arcas de los gestores del coto. Por lo que los resultados pueden estar viciados.
A los estudios que emplea la Junta para determinar el número de lobos ibéricos también hay que sumar los datos enviados por los gestores de los cotos privados de caza sobre el número de especies abatidas. Es decir, un informe que determine los lobos que se han matado durante la temporada, algo que la Junta suele dar por bueno.
