España entera se encuentra pendiente del informe de la Abogacía del Estado sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado. Aunque bien es cierto que de ese documento depende la investidura de Pedro Sánchez, siempre y cuando se adecue a las exigencias de ERC, lo que no depende es el futuro de Junqueras.
Esquerra Republicana de Cataluña ha supeditado su abstención para que el socialista pueda ser elegido presidente del Gobierno a que la Abogacía del Estado se muestre favorable a que su líder, que cumple condena por sedición y malversación, pueda salir en libertad para acreditarse como eurodiputado. Unas condiciones ante las que, todo apunta, Sánchez va a ceder. Sin embargo, ese informe a pesar de su trascendencia política no necesariamente va a marcar el futuro de Junqueras.
UNA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO
La Sala II del Tribunal Supremo, la que presentó la cuestión prejudicial sobre el alcance de la inmunidad de Junqueras, manifestó el pasado jueves, tras conocerse el fallo, que otorgaban un plazo de cinco días para que Ministerio Fiscal, acusación popular, defensa de Junqueras y Abogacía del Estado presenten alegaciones.
Tomando en consideración las mismas y el estudio “en profundidad del contenido íntegro de la sentencia” por parte de los magistrados, el Tribunal Supremo, y solo ese tribunal, tiene la potestad de acordar “lo procedente”.
Mientras que la defensa del exvicepresident de la Generalitat ha pedido la nulidad de la sentencia del procés, dictada el pasado 14 de octubre, la Fiscalía ha solicitado al TS que comunique “a la mayor brevedad posible” al Parlamento Europeo la situación procesal de Junqueras, condenado en firme, y que el remita la sentencia dictada contra él, a fin de que surta todos los efectos, incluido el de pérdida de su condición de europarlamentario.
Las presiones de ERC para que, a través de la Abogacía del Estado, Sánchez realice un gesto que facilite su investidura arrojan una alta probabilidad de que su pronunciamiento sobre la resolución del TJUE se aleje del de la Fiscalía.
ABOGACÍA VS. FISCALÍA
Con todo, tampoco sería esta la primera vez en la que la Abogacía del Estado se desmarca del criterio del Ministerio Público, como ya ocurrió durante el juicio del procés, cuando la primera cambió su acusación a los líderes independentistas a sedición mientras que los fiscales mantuvieron la rebelión.
Finalmente, los encausados fueron condenados por sedición, siguiendo el criterio de la Abogacía del Estado, pero el Tribunal Supremo no siempre ha coincidido con los planteamientos de esa institución. La última discrepancia ocurrió, precisamente, a raíz de la elección de Junqueras como europarlamentario.
El pasado 12 de junio, la Abogacía apoyaba que Junqueras saliera de prisión para adquirir la condición de eurodiputado. Un trámite que permitía al procesado, cuya causa en el Supremo en ese momento acababa de quedar vista para sentencia, formar parte de la lista de eurodiputados que España remite a Bruselas con la consiguiente adquisición de la inmunidad que la Eurocámara concede a sus miembros.
La Fiscalía, por el contrario, se posicionó en contra de ese permiso, criterio por el que se terminó decantando el Tribunal Supremo, que no permitió a Junqueras salir de prisión para acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central (JEC). Este era un paso previo necesario en la legislación española para recoger el acta de eurodiputado y así ser reconocido de forma plena como tal.
De este modo, el Tribunal Supremo ha demostrado sobradamente su independencia, en ocasiones, alineándose con la Fiscalía, otras, con la Abogacía del Estado, y siempre siguiendo su propio parecer.
En esta ocasión, habrá que esperar al informe de la Abogacía para conocer su postura y, después, qué resolución toma finalmente el Tribunal Supremo. Por tanto, hay que insistir en que lo que diga la Abogacía del Estado no es lo que necesariamente ocurrirá con Junqueras, sino que se trata de una solicitud al Tribunal Supremo que es quien, únicamente, tiene la potestad de decidir. Todo ello sin perjuicio de la trascendencia política que ese gesto de la Abogacía a ERC orquestado por Sánchez y puede tener en el devenir del Gobierno de España.
CRÍTICAS A SÁNCHEZ
Al presidente en funciones, Pedro Sánchez, le han llovido las críticas, no solo por estar negociando su investidura con un partido político independentista cuyo líder está condenado y en prisión por sedición y malversación, sino por poner a instituciones del Estado como la Abogacía al servicio de las exigencias de ese partido.
Mientras tanto, a la espera de ese ansiado informe y “por si acaso” hay pleno de investidura el Congreso de los Diputados ha habilitado los días 28, 29 y 30. O sea, que el 2019 podría terminar, in extremis, con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Sin la coletilla de “en funciones”.
