Ombuds está definitivamente liquidada. La empresa de seguridad de la familia Cortina, que entró en concurso de acreedores este verano, no ha podido encontrar financiación para cubrir las deudas que la asfixiaba desde hace meses. Esta semana se ha procedido oficialmente a su liquidación –según afirman desde Alternativa Sindical–, lo que deja en el aire la continuidad de los servicios de vigilancia de algunos de los clientes que todavía siguen manteniendo su contrato con el grupo de seguridad. Entre ellos se encuentran Metro de Madrid y Empresa Municipal de Transportes (EMT).
Las dos empresas de transporte más importantes de Madrid tienen parte de sus servicios en las manos de Ombuds. Tanto Metro de Madrid como la EMT se han resistido a rescindir su contrato con anterioridad, como le aconsejaron desde Alternativa Sindical, que representa los intereses de los trabajadores. Ahora, tras la liquidación definitiva del grupo de seguridad, será necesario buscar una solución cuanto antes para no dejar desamparada la vigilancia privada en estos entes y, sobre todo, asegurar el futuro de los cientos de trabajadores afectados.
En Metro de Madrid eran más de 500 los vigilantes de Ombuds que operaban en el momento de la quiebra de la empresa. Ese número ya es menor, porque el grupo de transportes adjudicó el contrato de una parte a otro cliente. Sin embargo, aún hay cientos de empleados afectados, concretamente los de lote 3, los que abarcan la Línea 7 (Pitis Hospital de Henares) y 9 (Paco de Lucía-Arganda del Rey). En el caso de la EMT, hay 200 trabajadores en vilo por esta situación. Los dos entes de transporte público tendrán que buscar una salida inmediata para no perder parte de la seguridad privada en estas líneas. De momento ninguna ha explicado qué decisión tomarán al respecto.
La más inmediata sería buscar un nuevo adjudicatario que se hiciera cargo de los trabajadores que tiene actualmente Ombuds. Algo que, a priori, aseguraría el futuro de los vigilantes y el servicio prestado. Esta sería una situación excepcional, en la que el nuevo cliente de Metro tiene que garantizar la continuidad de los empleados. Esta es una de las premisas del artículo 14 del convenio colectivo estatal de seguridad privada, que establece que en estas situaciones no se deje desamparados al equipo de vigilancia de Ombuds, según afirman desde Alternativa Sindical.
EL ADIÓS DEFINITIVO DE OMBUDS
Esta situación de emergencia la ha precipitado la liquidación definitiva de Ombuds. La empresa entró en concurso de acreedores en julio, después de adeudar la nómina de junio y la extra de verano a sus cerca de 8.000 empleados. En un principio, el grupo de los Cortina intentó recuperar su línea de factoring con los bancos, pero esta solución fracasó y tuvo que ponerse en manos de un administrador concursal. En ese momento, representantes de trabajadores, como Alternativa Sindical o AND Sindical comenzaron a pedir a los clientes de Ombuds que finalizarán su relación laboral para no poner en riesgo el trabajo de sus miles de empleados.
Algunas de las empresas que tenían contratada la seguridad con Ombuds decidieron romper su relación por los impagos que sufrían los vigilantes y el consecuente descubierto del servicio, ya que muchos de esos empleados decidieron hacer huelga o no acudir a su puesto de trabajo como arma reivindicativa. Las más destacadas fueron Museo Thyssen, IFEMA, Carrefour o varios servicios públicos de Cataluña. No obstante, hay otras, como es el caso de Metro y EMT, que prefirieron esperar a ver cómo se resolvía el conflicto antes de tomar la decisión de rescindir el contrato.
Ahora, tras la desaparición de Ombuds, estas empresas tendrán que buscar la continuidad del servicio en otros grupos del sector. Y ya están en el tiempo de descuento. Hace un mes Baker Tilly, la administración concursal de Ombuds, decidió poner a la venta las unidades productivas que quedaban, es decir, ofertó los contratos que todavía dependen del grupo de los Cortina. Sin embargo, el plazo para presentarse como candidato terminó este lunes y nadie ha querido hacerse cargo de estos acuerdos laborales. A partir de este momento, serán las empresas que tienen en peligro la continuidad de la seguridad privada las que tendrán que buscar una solución o se quedarán sin ese servicio, mandando al paro a estos cientos de empleados. Algo que, desde fuentes sindicales, dudan que acabe pasando.
SERVICIOS PENITENCIARIOS, TAMBIÉN AFECTADOS
En la misma situación en la que se encuentra Metro de Madrid y EMT están los servicios penitenciarios de la zona centro del país, concretamente los que afectan a la Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Cerca de 500 empleados se irán al paro el 1 de enero, ya que actualmente no hay ninguna empresa interesada en hacerse cargo de estos contratos y esto, como mínimo, ya no se resolverá hasta marzo. El motivo de no asumir este trabajo es que los posibles adjudicatarios tienen miedo a tener que responder por la deuda que todavía Ombuds tiene con estos vigilantes.
La ya inoperativa empresa de seguridad llegó a ser la tercera más importante de España, acumulando importantes cifras de facturación. Su decadencia comenzó cuando adquirieron a otro grupo del sector, Casesa, que tenía una gran cartera de clientes pero también importantes deudas que heredó Ombuds. Una ambición empresarial que finalmente ha acabado provocando su extinción en el sector de la seguridad privada.
