La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional la imputación de Francisco González. El banquero estaría relacionado con la causa en la que se investigan los pagos que el BBVA realizó durante más de una década al comisario José Manuel Villarejo.
Tal como desvelaron los documentos publicados por MONCLOA.COM, el policía realizó seguimientos personales, espió el tráfico de 15.000 llamadas y cientos de números telefónicos de personas relacionadas con el intento de un grupo de inversores, capitaneados por la empresa Sacyr, de arrebatar la presidencia del banco a Francisco González. Entre los espiados se encontraban el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, el exministro Miguel Sebastián o el que fuera vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos Arenillas.
Los fiscales anticorrupción del caso Tándem han pedido al magistrado Manuel García Castellón que acuerde dicha imputación después de analizar la documentación aportada por el el banco. También habría resultado decisiva la declaración de Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castellana Norte, que en multitud de ocasiones ha señalado a González como uno de los principales responsables respecto a las contrataciones millonarias a Villarejo.
Junto a Francisco González, ha pedido la imputación de Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró Senior Advisor to the Chairman. En los años objeto de las pesquisas fue responsable del BBVA en España y Portugal y responsable de Corporate&Investment, sucesivamente.
Asimismo, Anticorrupción ha pedido que se cite como investigado a quien hasta el pasado mes de julio, cuando fue cesado, ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del BBVA, Eduardo Arbizu, cuya salida trascendió un día después de que el juez imputase formalmente a la entidad financiera por el caso Villarejo. Como en el caso de González y Asúa, se pide imputación por cohecho y revelación de secretos, de acuerdo a las fuentes consultadas.
UNA DECENA DE ALTOS CARGOS INVESTIGADOS
En total, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano, y el otrora jefe de Seguridad, Julio Corrochano, de quien se presume era el interlocutor de Villarejo y para quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros.
Asimismo, están investigados su sustituta en el cargo, Inés Díaz Ochagavia; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas.
Todos a excepción de Béjar, que ya ha acudido varias veces a la Audiencia Nacional y ha prestado declaración, se han venido acogiendo a su derecho a guardar silencio por el secreto de actuaciones, que impide a los afectados conocer lo que obra en la causa contra ellos.
A esta extensa lista hay que sumar la imputación del propio banco BBVA como persona jurídica. Este hecho se produjo después de que la entidad, presuntamente, cometiera delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios relacionados con una operación de espionaje encargada en 2004 a José Manuel Villarejo.
No obstante, el BBVA viene anunciando su absoluta disposición a colaborar con la justicia, ante la que ya habría presentado un informe ‘forensic’ encargado expresamente para conocer el pormenor de las relaciones con las mercantiles de Villarejo durante la etapa bajo la lupa, cuando presidía la entidad Francisco González.
FRANCISCO GONZÁLEZ, DISPUESTO A COLABORAR
González ha emitido un breve comunicado en el que ha reafirmado su «plena disposición a colaborar con la Justicia», tal y como señaló el pasado mes de julio tras conocerse la imputación de BBVA como persona jurídica.
En ese momento, González pidió deslindar posibles irregularidades individuales de la actuación de la entidad, que calificó de «intachable» y «por encima de lo exigible» en materia de gobierno corporativo, y subrayó su «máximo interés» en colaborar «con la mayor transparencia y objetividad, al objeto de identificar y esclarecer lo «más rápidamente» cualquier mala práctica que se hayan podido producir.
