El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado, por una escasa mayoría de ocho contra siete, apartar al magistrado José Ricardo Juan de Prada del tribunal que juzgará la pieza separada de la trama Gürtel relativa a los papeles de Bárcenas por no gozar de la apariencia necesaria de imparcialidad exigida para conocer de la causa.
Tal y como solicitó la defensa del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas así como la propia formación, el juez ha sido recusado al considerar la mayoría de la sala en pleno que en la sentencia sobre la primera parte de esta trama de corrupción -que condenó al PP como partícipe a título lucrativo y que propició la moción de censura al expresidente Mariano Rajoy– de Prada se pronunció sobre cuestiones que no formaban parte de objeto del enjuiciamiento.
En concreto, el magistrado dio por hecho a través de varias afirmaciones contenidas en la resolución la existencia de la caja B del Partido Popular y que esta formación creó un “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”. Un extremo que no formaba parte de los hechos a juzgar en esa causa, sino de la pieza separada de Gürtel referida a la contabilidad paralela del PP, reflejada en los llamados ‘papeles de Bárcenas’.
En este sentido, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, subrayó en una entrevista este viernes en Onda Cero la importancia de, no solo la imparcialidad de un juez, sino de la apariencia de imparcialidad que debe tener un juez a la hora de enfrentarse a una causa.
Lesmes explicó que la Audiencia Nacional ha entendido, tal y como explica en el auto emitido el pasado 4 de octubre, que determinadas expresiones de la sentencia de Gürtel emitidas por de Prada “comprometen, al menos, la apariencia de imparcialidad y que lo mejor es apartarle” de esta causa.
El presidente del TS incidió en la importancia de que un magistrado inicie “limpio” el conocimiento de un asunto sin que exista “ninguna manifestación de un prejuicio que pueda hacer dudar de su imparcialidad”.
OBJETO DE MÁS RECUSACIONES
De Prada ha sido objeto de más incidentes de recusación que, aunque no hayan salido adelante, ponen de manifiesto que se trata de un juez controvertido.
Precisamente, se le trató de apartar de la citada causa que juzgó la primera época de Gürtel y que, finalmente, condenó a Luis Bárcenas a 33 años y cuatro meses de cárcel, al empresario y cabecilla de la trama Francisco Correa a 51 años y 11 meses, al Partido Popular a título lucrativo y que, en última instancia, propició la llegada del socialista Pedro Sánchez al Gobierno de la Nación tras el éxito de la moción de censura a Rajoy.
También quisieron apartarle en 2016 de casos de terrorismo tanto la Fiscalía como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), después de que declarara que la jurisdicción española vulnera derechos fundamentales de personas encausadas por delitos de terrorismo y que se habían producido “patologías” en este tipo de procedimientos.
Estas afirmaciones, que tuvieron lugar en abril de ese año en un foro en el Ayuntamiento de Tolosa (Guipúzcoa), no consiguieron apartarle de las causas de dos procedimientos seguidos contra ETA y las formaciones políticas PCTV-ANV, pero le valieron la apertura de diligencias por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Además, sus palabras fueron calificadas por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como “infames” e “indignas” y, más aún, al provenir de un juez de la Audiencia Nacional.
LAS PENAS A LOS ASESINOS ETARRAS: ALTAS Y DESPROPORCIONADAS
De Prada también ha sido objeto de críticas por parte de asociaciones de víctimas del terrorismo por unas declaraciones que hizo en 2014 en las que opinaba que las penas de los condenados de la banda terrorista ETA eran demasiado “altas y desproporcionadas”.
A este respecto le preguntó el presidente de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), Daniel Portero, que si la perecía excesivo que asesinos como por ejemplo José Ignacio de Juana Chaos o Inés de Río no hayan cumplido ni dos años de prisión por cada uno de los asesinatos cometidos.
En esta misma línea se posicionó entonces la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que convino que era “lógico” que la legislación española diera a los asesinos una respuesta “coherente” con el daño causado.
Además, también relacionado con ETA, de Prada justificó en el año 2011 el chivatazo del Gobierno a la banda terrorista conocido como ‘caso Faisán’, en el marco en las negociaciones que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo en 2006 con los terroristas. Lo hizo en el voto particular contra el auto de sus dos compañeros de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que desestimaban archivar la causa.
Este fue uno de tantos votos particulares que ha dictado a lo largo de su dilatada carrera en la Audiencia Nacional, donde está a punto de cumplir tres décadas. Uno de los más sonados fue el que emitió en noviembre de 2017 en contra de la permanencia en prisión de los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y que supuso la primera ruptura de la unanimidad judicial que había imperado hasta ese momento sobre la causa del proceso soberanista catalán. Una unanimidad de la que, por cierto, hizo gala la Sala de lo Pena del Tribunal Supremo con el juez Manuel Marchena al frente en la sentencia del ‘procés’ que vio la luz el pasado 14 de octubre.
