El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, quedó en libertad este miércoles después de declarar en la Audiencia Nacional por un presunto blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico.
La decisión de la juez María Tardón, que tomó declaración al letrado durante poco más de media hora, de no aplicar ninguna medida cautelar deja “muy claro”, en palabras del propio Boye, que no considera que haya “ningún tipo de razón” para limitar su ejercicio profesional y, en concreto, su defensa del expresidente catalán huído de la justicia española en Bélgica por su implicación en el ‘procés’.
Precisamente, interrogado sobre si cree que esta operación tiene algo que ver con el hecho de ser el abogado de Puigdemont, señaló que “no debería ser así” e insistió en que quiere creer “que no tiene nada que ver”.
CAMBIO DE OPINIÓN
Una posición que contrasta con la expresada el pasado lunes en su cuenta personal de la red social Twitter, en la que, después del registro que tuvo lugar en su domicilio durante 15 horas por orden judicial, señaló que este se había centrado en “copiar correos electrónicos y en volcar toda la información de su móvil”, en un intento de recabar datos ajenos a la investigación por el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico por la que se estaba realizando el registro.
Inmediatamente después, expresó en esa misma plataforma que “en ningún caso” retrocederá en “la defensa de los derechos y libertades de Cataluña”. “Defendemos, y defenderemos, a los exiliados y presos políticos catalanes, y a quien haga falta, con la misma determinación y convicción que lo hemos hecho hasta ahora”, concluyó, de forma que insinuaba que los registros podían ser un intento de amedrentar su defensa de la causa independentista de Cataluña.
Una defensa que, por el momento, podrá seguir haciendo libremente después de que la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional no haya acordado ninguna medida cautelar, desoyendo la petición de la Fiscalía que solicitó su comparecencia los días 1 y 15 de noviembre.
De acuerdo con el relato que ofreció Boye al término de su declaración, el Ministerio Público no pidió su restricción de la salida del territorio nacional, lo cual era “un poco contradictorio” con la instancia de comparecencia quincenal y, por ello, Tardón no adoptó medida alguna, para la “tranquilidad” del declarante.
OPERACIÓN MITO
Tanto los registros efectuados el pasado lunes, que además del domicilio y oficina de Boye abarcaron dos propiedades de dos presuntos testaferros, como las declaraciones de este miércoles, que también realizaron dichos testaferros, se enmarcan dentro de una pieza separada de blanqueo de capitales de la conocida como ‘Operación Mito’.
Esta causa comenzó en febrero de 2018 con la detención, en medio de un gran dispositivo policial, del narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñaco.
La sospecha que versa sobre Boye en este caso tiene que ser con el diseño de la estrategia societaria que habría ideado para ocultar dinero de Miñaco que procedía del tráfico ilegal de droga.
VUELTA A LA PALESTRA
La reactivación de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra Puigdemont que el juez Pablo Llarena ordenó poco después de que el Tribunal Supremo diera a conocer la sentencia del procés, junto con su reciente vinculación con Sito Miñaco, han devuelto a la palestra a Boye, un abogado con un pasado entre rejas por su colaboración con la banda terrorista ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla.
En un artículo publicado este lunes en el diario ElNacional.cat, el letrado —que se graduó en derecho durante su estancia en prisión—, criticó las “prisas” con las que, a su juicio, el juez dictó la euroorden, que señaló estar “repleta de errores” pero aseguró que brindaba un “escenario inmejorable”, desde un punto de vista “estrictamente jurídico”, porque “mientras en España aún no se haya pronunciado el Tribunal Constitucional, en diversas instancias europeas sí que lo harán a resultas de esta nueva OEDE”.
Además, afirmó que “en el seno de este procedimiento, que nadie debe esperar que sea rápido, se debatirán cosas tan relevantes como las que no se ha permitido debatir en el juicio ante el Supremo”.
Mientras que Boye y Puigdemont trabajan para que la devolución del expresidente catalán a España no se haga efectiva, nueve de los doce acusados del ‘procés’ fueron condenados la semana pasada a penas de entre 9 y 13 de prisión por delitos de sedición.
Unas penas que, aunque para muchos se han quedado cortas por no responder al delito de rebelión que pedía la Fiscalía, para otros muchos han sido desproporcionadas y han desembocado en una oleada de protestas y de actos violentos contra el mobiliario urbano y contra los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña que han dejado cientos de heridos y detenidos.
