El grupo ecologista Greenpeace va a tomar cartas en el asunto. Mario Rodríguez, director de la ONG, ha anunciado que desde la organización ya estudian emprender acciones legales contra Iberdrola después de que MONCLOA.COM desvelara que la eléctrica espió desde 2007 a través del excomisario José Manuel Villarejo a los activistas que actuaban contra la central nuclear de Cofrentes. «Solicitaremos una reunión con Iberdrola y hablaremos con los abogados para aclarar si podemos hacer algo», ha declarado Rodríguez. Entre tanto, la eléctrica ha iniciado una investigación interna y ha despedido a su jefe de seguridad, Antonio Asenjo, por gestionar la contratación de Villarejo.
«Nos parece indecente», han declarado desde Greenpeace. Para Rodríguez, director del grupo ecologista, esta situación denota la «mala salud del sistema democrático» porque quienes les han espiado han sido «funcionarios del Estado en su tiempo libre». Tanto el director como el entonces responsable de energía nuclear de la ONG, Carlos Bravo (señalado directamente en los informes que Villarejo elaboraba para Iberdrola), coinciden en que en esa etapa no percibieron ese «hostigamiento» del que habla el excomisario. Pero sí reconocen que les habían avisado de que les estaban vigilando.
Villarejo recomendó a Iberdrola hostigar a dos sindicalistas y cortocircuitar sus contactos. Entre estos se encontraba el ecologista Carlos Bravo. Rodríguez recuerda esa etapa como muy convulsa. «Se jugaban la renovación de la concesión. Y nosotros estábamos haciendo mucho ruido». Sin embargo, aunque el director de Greenpeace es consciente de que su trabajo por el medio ambiente les generaba muchos enemigos, no se esperaban que llegara hasta este punto.
Desde Greenpeace creen que el Gobierno debería tomar cartas en el asunto porque estos casos polémicos atañen a sus propios funcionarios. A su vez, consideran que también queda aclarado cómo funcionan las empresas energéticas. «Denotan el modus operandi de las eléctricas. O al menos de Iberdrola», ha destacado Rodríguez. En Francia, el grupo ecologista se vio envuelto en una situación similar, en la cual una empresa energética estatal (Électricité de France) espió a unos activistas. Este caso acabó en los tribunales.
Según detallan desde la organización ecologista, los datos de Villarejo no eran del todo precisos. El comisario jubilado entendía que activistas como Bravo tenían acceso a información sensible sobre la central nuclear. El policía jubilado daba por hecho que uno de los trabajadores de la central (y sindicalista), era quien les pasaba información sensible que podía acabar con la vida de la central.
El plan de Villarejo era simple: “el trabajo a realizar deberá ser sutil, con perfil bajo de actividad próxima (vigilancias con apoyo electrónico y bastantes alejadas de los objetivos) y actuando con procedimientos de “respuesta clandestina”, para que el rastro dejado, sea prácticamente inexistente”. Tanto Bravo como Rodríguez no recuerdan haber sido vigilados o perseguidos (a diferencia de lo ocurrido en otras centrales nucleares como la de Garoña).
Rodríguez ha insistido en que pedirá explicaciones a Iberdrola. En los próximos días solicitarán una reunión con los dirigentes de la compañía eléctrica para esclarecer lo ocurrido. «Nosotros hacemos las cosas de una forma muy pública. Y entendemos que haya discrepancias entre las partes. Pero esto nos parece grave», ha insistido el director de Greenpeace. Para concluir con un mensaje que ha repetido en varias ocasiones: «esto denota la calidad democrática de este tipo de empresas».
Por su parte, el entonces responsable de energía nuclear de la ONG, Carlos Bravo, también ha entrado a valorar las actuaciones de Iberdrola. «Me parece repugnante», ha destacado tras conocer la noticia. Bravo se mostró sorprendido al conocer los planes que Iberdrola le había reservado en 2007. «Entendíamos que nos podían vigilar, pero no a este nivel», ha destacado el activista.
Según Bravo, un contacto de la central ya le había advertido de que estaban vigilando toda su actividad. El activista intuía que había infiltrados en los mítines y en todos los actos públicos. Pero al igual que Rodríguez, que entonces era director de campaña de Greenpeace, nunca se sintió especialmente hostigado. Sobre su posible relación con los otros dos señalados por el comisario jubilado (los sindicalistas de CGT Manuel Quirosa Almuedo y Juan Manuel Sánchez Hernández), los ecologistas la niegan. Tanto Quirosa como Sánchez se han negado a hacer declaraciones.
La CGT, sin embargo, sí que se ha dado la cara. Para el secretario de organización confederal de la Confederación General del Trabajo (CGT), José Aranda, el espionaje y hostigamiento a los miembros del comité de empresa de la central nuclear de Cofrentes por parte de Iberdrola es una situación “absolutamente inaceptable, terrible y antidemocrática”.
