Iberdrola encargó al comisario José Manuel Villarejo actuar contra dos sindicalistas de la central nuclear de Cofrentes a los que consideraba responsables de filtraciones sobre fallos de seguridad en esa instalación. El policía espió a los dos trabajadores y propuso acciones de “hostigamiento sostenido” que perseguían que se marcharan voluntariamente o fueran despedidos.
El informe habla de la necesidad de hostigar a los dos miembros del comité de empresa y activar “situaciones incómodas en su entorno personal”. Villarejo ofrece a Iberdrola que “se potenciará el acoso y al final se ofrecerá una salida negociada” a estas personas.
El trabajo del comisario se produjo como consecuencia de la filtración de problemas de seguridad detectados en la central nuclear de Cofrentes (Valencia). Estas incidencias habrían sido compartidas con medios de comunicación y miembros relevantes de organizaciones ecologistas y partidos políticos.
La labor de Villarejo quedó reflejada en el llamado Informe Front. El documento, de marzo de 2007, señala claramente que el jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, del que ha prescindido Iberdrola, realizó el encargo. Asenjo, como en otros informes realizados por Villarejo para esta compañía, aparece identificado como AS en el documento. En sus primeras líneas, Villarejo escribe: “AS, a partir de ahora DI (Director de Inteligencia), ha requerido en nombre y representación de… (CLIENTE –K-), a este Gabinete de Investigación y Análisis (GIA). El Gabinete es el dispositivo que ofrecía Villarejo a sus clientes para realizar sus trabajos, mientras que el clientes es Iberdrola.
El encargo se refería muy concretamente a intentar “salvaguardar” los intereses de Iberdrola para defenderse de “dos determinados empleados” a los que acusaba de filtrar información a lo que Villarejo denominó “ambientes seudo ecologistas y/o periodístico-tendenciosos, habitualmente generadores de bulos y rumores sin fundamento”.
Villarejo comenzó a realizar sus primeras averiguaciones sobre estos objetivos. De hecho, informó de que “se han observado ciertas alertas cuando de manera aparentemente intrascendente se ha preguntado en lugares donde se les ha observado tomando aperitivos y/o manteniendo charlas con otros empleados”. Por ello, subrayó la necesidad de “evitar en la medida de lo posible el mínimo riesgo de detección de vigilancias”.
El comisario propuso un trabajo que “deberá ser sutil, con perfil bajo de actividad próxima (vigilancias con apoyo electrónico y bastante alejadas de los objetivos)”. Estas labores se realizarían con total discreción, “actuando con procedimientos de respuesta clandestina, para que el rastro dejado sea prácticamente inexistente”.
El informe realizado para Iberdrola dejaba claro que el objetivo principal era “establecer una serie de medidas de acoso y derribo” para que, al menos el principal objetivo del policía, el sindicalista Manuel Quirosa, “abandone sus acciones negativas y, si es necesario, que deje de prestar servicio” en la central nuclear de Cofrentes.
El problema principal al que alude el informe se produjo con un informe sobre esta instalación elaborado por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO en sus siglas en inglés), una organización creada por un grupo de empresas con este tipo de centrales, especializada en seguridad nuclear. Los resultados del análisis realizado por WANO se filtraron, y las sospechas recayeron inmediatamente en los miembros del comité de empresa de la central, según relata Villarejo.
Como señala el propio documento elaborado por Villarejo, el informe de esta organización señaló entre sus conclusiones que “el control de las dosis y la contaminación no estaba siendo gestionado de la forma más efectiva posible y que existía poco empeño en controlar las fuentes de contaminación”. Además, había descubierto deficiencias en áreas de gestión, procedimientos de control y vigilancia, prevención de riesgos laborales y formación.
El comisario elaboró un perfil de dos de sus integrantes, afiliados al sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) y manejó los datos personales tanto de ellos como de sus parejas, hijos y hermanos.
El policía reflejó que consideran a uno de ellos, Manuel Quirosa, “uno de los más destacados y radicales miembros de la representación sindical de los trabajadores”. Villarejo adjudica a Quirosa, al que llama a partir de entonces Maki, su presunta relación con la divulgación de un sabotaje a varillas de uranio enriquecido, asunto que «fue minimizado por riesgo a una situación de pánico de la población», según recoge el informe de Villarejo.
La labor de espionaje de los sindicalistas comenzó desde el momento del encargo por parte de Iberdrola. A pesar de tratarse de un informe preliminar, Villarejo ya señala que los sindicalistas han mantenido reuniones “con periodistas muy significativos que habitualmente informan sesgadamente sobre temas ecológicos”.
De hecho, Villarejo ya había obtenido información sobre el día y la hora (17,30 horas del 27 de noviembre de 2006) del encuentro entre Quirosa y un periodista. En ese encuentro, según el comisario, le habría transmitido que la central “había sufrido la segunda parada automática de este año por un fallo eléctrico que hizo subir la presión del reactor”.
El comisario recopila la actividad sindical de los afiliados a CGT. Ese habría sido el caso de las denuncias sobre “supuestas persecuciones del comité sindical” de la central de Cofrentes o también “el suministro de agua para beber los trabajadores dentro de zonas controladas en las que se reciben dosis radiactivas” o “continuos fallos en el suministro eléctrico a paneles de la sala de control”.
Villarejo introduce continuamente referencias a la necesidad de que la empresa controle las actividades sindicales. De hecho, critica que no se hayan vigilado sus actividades “en el espacio donde se reúnen” y señala que “esta falta de conocimiento del ambiente sindical conlleva el desconocer las motivaciones que llevan a un sindicalista a hacer un importante daño a su propia empresa”.
IBERDROLA Y EL TRASLADO DE LOS SINDICALISTAS
El comisario recomendó endurecer el código de conducta y ética profesional de los trabajadores para que estos “pudieran ser despedidos automáticamente” si no cumplían un compromiso de confidencialidad. El informe refleja que igualmente dos intentos frustrados de trasladar de su trabajo a los dos sindicalistas, a los que se pretendía destinar a Sevilla y Sagunto.
Tras criticar que Iberdrola no hubiera detectado los contactos de los miembros del comité de empresa con ecologistas y políticos, Villarejo señala que “resulta crucial cortocircuitar los contactos de MAKI con unos y otros”. Por ello, plantea “detectar los contactos” de este sindicalista “y con ello anular los mismos”. Esto serviría para conseguir “una adecuada toma de datos relevantes” con el fin de “contrarrestar la campaña de prensa” contra la central nuclear de Cofrentes.
“Conseguir cierta vulnerabilidad de la estructura del entorno de MAKI” fue un objetivo de Villarejo. Para ello señaló a Iberdrola la necesidad de “contar con apoyo interno” en la central nuclear de Cofrentes o “permitir la infiltración” de algún miembro del equipo del comisario “en labores previamente pactadas, con el fin de evitar su detección”. Más adelante, Villarejo anota: “se insiste en la importancia de algún informador interno”.
El informe señala a varios miembros de organizaciones ecologistas. El más importante de los citados por Villarejo es Carlos Bravo, por aquel entonces responsable de la campaña de nucleares de la organización ecologista Greenpeace España. A Bravo le considera “otro de los peligros acuciantes que se cierne sobre la CNC (la central nuclear de Cofrentes) por sus sistemáticos ataques”.
La actividad de Villarejo, a pesar de tratarse de los primeros pasos de este encargo, llegó a conocer detalles de llamadas telefónicas. El comisario cita como fuente de esta información al ámbito de los ecologistas. Así, refleja en el informe que “durante el mes de febrero, éste había telefoneado a un número de Madrid para felicitar a un tal Carlos, por el éxito con las nucleares en Londres”. Villarejo considera que se trataba de Carlos Bravo.
Sobre este dirigente ecologista, el comisario recordó en su informe que había pedido al Gobierno que cumpliera sus promesas y procediera al cierre escalonado de las centrales nucleares obsoletas. Además, destacó que Bravo había pedido que plantas “tan conflictivas” como la de Cofrentes, se sometieran a una “gran ITV” para conocer su estado real. La clave, según Villarejo, es que “Bravo está convencido de forzar estos controles de la manera más rigurosa si sigue recibiendo información sensible desde dentro, como los que hasta ahora les han facilitado, entre otros, MAKI”.
Además de la actividad de los sindicalistas y ecologistas, Villarejo informó a Iberdrola de “operaciones encubiertas” entre las que sitúa la actividad de la firma de detectives catalana Winterman. El policía alertó de que “presumiblemente poseen incluso rastreadores de telefonía móvil” y ofreció a Iberdrola la posibilidad de obtener de ellos “información sensible” porque mantenía “contactos con diversas fuentes” subcontratadas por esa firma.
