La Guardia Civil ha detenido este martes a cinco personas en la fábrica sevillana de Magrudis por el brote de listeriosis que tuvo lugar en la misma y que se cobró la muerte de tres personas, causó al menos siete abortos y afectó a más de 200 personas.
Entre los arrestados, se encuentran José Antonio Marín Ponce, a quién la titular del juzgado de instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordoñez, considera «administrador de hecho» de la empresa cárnica, y sus dos hijos. Uno de ellos, Sandro José Marín Rodríguez, figura en el registro mercantil como administrador y socio único. El otro es Mario Marín Rodríguez. Posteriormente, también fueron detenidos un cuñado del gerente y una persona relacionada con la gestión de la empresa.
Estas detenciones han tenido lugar después de que la jueza haya ordenado la práctica de varias entradas y registros en varios inmuebles propiedades de la empresa, relacionados con el mayor brote de listeriosis que se ha dado en España.
A primera hora de la mañana, en torno a las 08:00 horas, los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) procedieron al precinto de la sede de la empresa en el polígono sevillano de El Pino. Al mediodía, se procedió al registro en presencia de los responsables de Magrudis, la jueza y el secretario judicial. También se ha realizado la entrada en una nave anexa, que la empresa podría estar empleando como «fábrica clandestina».
Además del registro llevado a cabo en la sede principal de la empresa, también se ha hecho lo propio con los domicilios particulares de los responsables de la misma.
EL DUEÑO PODRÍA ESTAR UTILIZANDO A SU HIJO COMO TESTAFERRO
Los registros relacionados con la gran crisis alimentaria que se originó en Magrudis han sido desarrollados por cerca de una treintena de efectivos de la Unidad Central Operativa del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, encargado de medio ambiente y consumo.
Los agentes llegaron a Sevilla desde Madrid y a primera hora de la mañana iniciaron las actuaciones. En primer lugar, se dirigieron al domicilio particular del administrador de Magrudis, José Antonio Marín Rodríguez. A este le han pedido que colabore de forma voluntaria.
Aunque Sandro Marín figura como administrador de la empresa, el dueño real de la misma se sospecha que es su padre. Este lo estaría utilizando como testaferro. De hecho, José Antonio ha tenido empresas anteriores que cerró dejando sueldos a deber a sus trabajadores.
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA Y LESIONES
La jueza admitió a trámite la querella interpuesta por la asociación de consumidores FACUA la semana pasada. En el auto se dictaminó que José Marín y su hijo Sandro podrían haber incurrido en un delito contra la salud pública y de lesiones.
En el escrito se confirmaba que la empresa conocía desde el pasado mes de febrero que sus productos estaban contaminados por listeria. Pese a ser conscientes de ello, lo ocultó a las autoridades sanitarias y no adoptó ninguna medida correctora.
En el auto, la jueza hace mención a un informe aportado por los laboratorios Grupo Microal, que está siendo investigado por la Guardia Civil. Estos realizaron análisis de dos muestras de carne de Magrudis en Febrero y en ellos detectaron la presencia de la bacteria.
«Cuando saltó la crisis por la listeriosis, comunicamos por correo electrónico a la empresa que uno de sus aislados ya había aparecido contaminado mucho antes. Como no hicieron nada, lo pusimos en conocimiento de la justicia«, explicó al respecto el fundador y propietario de Grupo Microal, José Antonio Borrás.
Tanto el Defensor del Paciente como Facua han recibido denuncias por parte de personas que consumieron carne mechada antes del 15 de julio. Esta fue la fecha en la que la Junta de Andalucía constató la existencia del brote de listeriosis.
ACTIVACIÓN DE ALERTA SANITARIA
Ese mismo día, el Gobierno andaluz activó la alerta sanitaria sobre la carne mechada de Magrudis. El 21 de agosto prohibió la venta de otras ocho variedades de elaborados y el 28 hizo lo propio con dos tipos de chorizos. Además, técnicos del Ayuntamiento de Sevilla descubrieron que la empresa comercializaba una segunda línea de productos en las que se incluían hasta 50 tipos distintos de elaborados.
Esto hizo sospechar de que la empresa cárnica contaba con alguna otra nave que no estaba declarada, ya que ninguno de estos elaborados estaba almacenado en la sede principal situada en el polígono el Pino. Es por ello por lo que se ha ordenado el registro de la nave anexa a esta.
En el arranque de la crisis por el brote de listeriosis, fue Sandro Marín quién apareció ante los medios de comunicación. No obstante, se pudo conocer más tarde que José Marín utilizó a su hijo de testaferro tras dejar deudas en tres empresas en 20 años.
MAGRUDIS, UNA EMPRESA LLENA DE IRREGULARIDADES
Magrudis se inscribió en el Registro Mercantil en el año 2013, aunque inició su actividad empresarial sin contar con licencia de apertura del Ayuntamiento de Sevilla. De hecho, la fábrica estuvo funcionando cinco años sin la misma. La declaración responsable que sustituye a esa autorización mientras se tramita no se presentó hasta diciembre de 2018. Sin embargo, la Junta de Andalucía inscribió a la cárnica en el registro sanitario del ministerio a finales de 2015.
Aunque no poseía licencia de apertura ni declaración responsable de actividad, el Ayuntamiento realizó tres inspecciones a la fábrica. Estas tuvieron lugar en los años 2015, 2016 y 2017. En la última, se rebajó la calificación de la empresa de A a C, alegando que había reducido su ámbito de distribución de la provincia de Sevilla al término municipal de la capital. No obstante, la crisis por listeriosis pudo demostrar que Magrudis también distribuía a Madrid, Cataluña y Extremadura. Una rebaja en el nivel de riesgo hace que la periodicidad de la inspecciones pase de 12 a 18 meses.
El Ayuntamiento de Sevilla es competente en materia de seguridad alimentaria, siendo sus inspectores municipales quienes ejercen la misma. Esta es llevada a cabo por 13 veterinarios que realizan las tareas de inspección.
AMPLIÓ SUS INSTALACIONES SIN INFORMAR A LA JUNTA DE ANDALUCIA
Las irregularidades de la empresa van más allá del ámbito municipal. En julio de este año llevó a cabo una ampliación de sus instalaciones, de la cual tenía que haber informado a la Junta de Andalucía y haber necesitado de una inspección sanitaria previa para su autorización. Magrudis comunicó la misma a la Administración el 31 de julio, cuando ya había iniciado la producción de elaborados.
Además, la empresa tampoco se encuentra inscrita en el Registro de Industrias Agroalimentarias dependiente de la Consejería andaluza de Agricultura. Formar parte del mismo también implica estar sujeta a inspecciones y, por lo tanto, a posibles sanciones.
Los cinco detenidos de Magrudis serán puestos a disposición judicial.
