El Gobierno ha ganado a la familia Franco la batalla iniciada hace más de un año: el Tribunal Supremo ha avalado, por unanimidad, el procedimiento emprendido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos y trasladarlos al cementerio de El Pardo Mingorrubio, en lugar de a la catedral de La Almudena, como preferían los nietos del general.
La decisión de exhumar a Franco fue de las primeras que tomó el PSOE nada más llegar a La Moncloa vía moción de censura contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Consciente de las dificultades que tendría para legislar contando sólo con 84 diputados, Pedro Sánchez confiaba en poder exhibir la salida de los restos del dictador del Valle de los Caídos como símbolo de su paso por el gobierno antes de convocar elecciones.
El Ejecutivo intentará llevar a cabo la exhumación antes de la campaña electoral
No fue posible entonces, pero el Gobierno tendrá ahora la oportunidad de concretar su promesa antes de unos comicios. Al menos, lo intentará, como ha confirmado la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, nada más conocer la decisión del Alto Tribunal. En declaraciones a la Cadena Ser, Calvo ha indicado que el Ejecutivo intentará llevar a cabo la exhumación antes de la campaña electoral.
El Ejecutivo nunca pensó, nada más llegar a La Moncloa, que la exhumación de Franco pudiera llegar a complicarse tanto ni que la familia estuviera dispuesta a iniciar una batalla legal de las dimensiones que finalmente adquirió.
Su confianza se basaba en que en mayo de 2017 todos los grupos del Congreso, con la única excepción de PP y ERC, que se abstuvieron, aprobaron ampliar la Ley de Memoria Histórica para, entre otras cosas, sacar los restos del general de Cuelgamuros. Por lo que no debería de encontrar mayores problemas para aprobar la exhumación a través de un real decreto ley.
«Os pillará trabajando», se atrevió a vaticinar Sánchez en conversación informal con periodistas en junio de 2018, apuntando que la exhumación, se concretaría antes del parón estival de agosto.
LA INGENUIDAD DEL GOBIERNO
Pero el Gobierno pecó de ingenuidad, como posteriormente reconocería el propio Sánchez. No fue capaz de prever la férrea oposición de los nietos de Franco a la operación, dispuestos a iniciar una verdadera batalla judicial contra la medida, y, sobre todo, pasó por alto un detalle que marcaría todo el procedimiento, llegando incluso a ser el principal quebradero de cabeza para los jueces del Tribunal Supremo: la sepultura a perpetuidad que la familia tiene en la cripta de la catedral de La Almudena.
El Ejecutivo siempre pensó que la familia, cuando no le quedara más remedio, accedería a trasladar los restos de Franco al panteón del cementerio de El Pardo Mingorrubio donde está enterrada la mujer del dictador y que pertenecía a Patrimonio Nacional, ahora a Patrimonio del Estado.
El supuesto derecho de la familia a elegir el lugar de enterramiento ha centrado la discusión de los jueces
Desconocía que la familia Franco, por parte de su hija, Carmen Franco, poseía una sepultura a perpetuidad en la cripta de la catedral de La Almudena, donde a los nietos les gustaría trasladar los restos de sus dos abuelos, que reposarían así junto a su única hija, que reposa en la actualidad junto a su marido, el marqués de Villaverde.
Este descuido llevó a que el Gobierno sólo se reservase la competencia de decidir el lugar de reinhumación de los restos de Franco en caso de que la familia renunciase a hacerse cargo de ellos o no indicara en tiempo y forma al Ejecutivo dónde querría enterrarlo de nuevo. Pero nada se decía en el acuerdo del Consejo de Ministros sobre qué pasaría si el lugar escogido no era del agrado del Gobierno.
Por eso cuando la familia hizo público su deseo de enterrar a Franco en La Almudena, en caso de no conseguir parar la exhumación, la primera reacción del Gobierno fue la de admitir que no podía hacer nada al respecto. «En principio el Gobierno no puede ir más allá de lo que su familia decide», admitió la vicepresidenta Carmen Calvo en una entrevista en Onda Cero, en la que indicó que si la Iglesia no tenía reparos en que fuera enterrado allí, el Gobierno tampoco podía hacer nada.
Esta posición cambió unos días después, tras una visita de la propia Calvo al Vaticano para entrevistarse con su secretario de Estado, Pietro Parolin, con el que acordó, según la versión de Calvo, trabajar para encontrar una salida al nuevo lugar de enterramiento de Franco que «obviamente» no podía ser La Almudena.
Las palabras de Calvo levantaron polvareda y obligaron al Vaticano a desmentirla, negando que se hubiesen pronunciado al respecto del nuevo lugar de enterramiento del dictador.
Más allá de la polémica sobre si la Iglesia ve bien o no que Franco sea llevado a La Almudena, a principios de 2019 la Delegación de Gobierno emitió un informe para desaconsejar por motivos de seguridad y de orden público el enterramiento de los restos del dictador en un lugar tan céntrico, un documento que la familia y su entorno consideraron que el Ejecutivo se «sacó de la manga» al verse sorprendido con la elección de esa ubicación.
El supuesto derecho de la familia a elegir el lugar de enterramiento de los restos del dictador ha sido uno de los temas que más ha centrado la discusión de los jueces del Supremo. Pero incluso en este caso el Alto Tribunal ha dado la razón al Gobierno.
