El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que la representación legal del BBVA acuda a declarar como persona jurídica investigada en el caso Villarejo el próximo 24 de septiembre.
La noticia coincide con el anuncio realizado por el banco de que ha finalizado el informe forensic, la investigación interna para buscar el rastro de la actividad de Villarejo para esta entidad financiera, aunque no ha ofrecido datos sobre el contenido del mismo porque, según señala, debe cumplir con la exigencia de no interferir en la investigación judicial. Además, asegura no haber identificado ningún impacto directo relevante por el caso en su negocio, los inversores o la evolución del precio de la acción.
La citación, que firma el juez de refuerzo Alejandro Abascal en ausencia del titular del juzgado, se produce después de que el magistrado aceptase la petición de Anticorrupción de investigar a la entidad financiera por los contratos que mantuvo con empresas del comisario ahora jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo a lo largo de 13 años y por importe estimado en más de 10 millones de euros.
En concreto, el BBVA, que solicitó sin éxito personarse en la causa como persona jurídica perjudicada, está investigada por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por unos encargos que van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la supuestas extorsión de una asociación de consumidores pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.
El BBVA está investigado en la novena pieza separada de esta macrocausa que ya tiene 13 líneas distintas y que se prevé superará la veintena antes de que acabe el año, habida cuenta de la multitud de ‘proyectos’ y clientes del «clan parapolicial» mafioso que habría estado liderando Villarejo a través de sus empresas y de los que dejó constancia en los más de 40 terabytes de información que se le intervinieron cuando fue detenido, en noviembre de 2017.
Hasta la fecha, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera consejero delegado de la entidad, Ángel Cano, y el otrora jefe de Seguridad, Julio Corrochano, de quien se presume era el interlocutor de Villarejo y para quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros.
Asimismo, están investigados su sustituta en el cargo, Inés Díaz Ochagavia; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas.
El curso del caso Tándem arrancará el cinco de septiembre con la declaración ante el juez del ex jefe de la Unidad de Extranjería y Fronteras de la Policía, Carlos Salamanca
Todos a excepción de Béjar, que ya ha acudido en dos ocasiones a la Audiencia Nacional y ha prestado declaración, se han venido acogiendo a su derecho a guardar silencio por el secreto de actuaciones, que impide a los afectados conocer lo que obra en la causa contra ellos.
No obstante, el BBVA viene anunciando su absoluta disposición a colaborar con la justicia, ante la que ya habría presentado el informe ‘forensic’ encargado expresamente para conocer el pormenor de las relaciones con las mercantiles de Villarejo durante la etapa bajo la lupa, cuando presidía la entidad Francisco González.
PÉREZ Y CÍA Y LOS CONTRATOS POR GUATEMALA
En la misma semana en que ha sido citada la representación del banco y también a petición de Anticorrupción, el juzgado ha convocado a otra persona jurídica que habría sido cliente de Villarejo. Se trata de la naviera Pérez y Cía, que pagó a las empresas del grupo Cenyt hasta 7,4 millones de euros para frustrar una causa de corrupción en Guatemala y la extradición que pudiera conllevar de su presidente, Ángel Pérez Maura. La citación es para el 25 de septiembre, según las mismas fuentes jurídicas.
Estas citaciones se suman al intenso calendario de declaraciones promovido por la Fiscalía en septiembre para seguir avanzando en la instrucción de la macrocausa, en la que además, se ha acordado el levantamiento del secreto sobre una de las piezas más desconocidas, la número 8, que indaga la denuncia de un empresario marbellí sobre su relación con Villarejo y cuyos implicados podrán declarar con conocimiento de las actuaciones.
El curso del caso Tándem arrancará así el 5 de septiembre con la citación del ex jefe de la Unidad de Extranjería y Fronteras de la Policía, Carlos Salamanca; investigado en la pieza 1 y en la pieza principal de la causa y que en declaraciones anteriores aseguró que los miles de euros de los que hizo uso en efectivo entre 2011 y 2013 (sin tocar sus cuentas bancarias) respondían a fondos en metálico que estimó en torno a 225.000 euros que había ido guardando en su casa fruto de su trabajo y por motivos de «seguridad» desde 2003. A esta declaración podría llevar documentación que apuntale sus manifestaciones, según señalaron en su día fuentes cercanas al caso.
El mismo cinco de septiembre, vuelve otro de los mandos policiales vinculados a la organización criminal de Villarejo, el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, que está salpicado en varias de las líneas de investigación por la información policial reservada que habría proporcionado a Villarejo para sus encargos prevaliéndose de su condición de funcionario público.
Le seguirá en el juzgado el también policía Manuel Novoa, supuesto colaborador de Villarejo que ya el pasado mes de febrero dijo en el juez que su papel se limitaba a buscar en las bases de datos policiales información que sus mandos les solicitaban. En alguna ocasión, según reveló, mediante una nota en un post-it, sin conocer el objetivo que tenían las pesquisas, y sin recibir sobresueldo por ello.
También el día 5 se ha citado al funcionario de Hacienda Antonio Chaparro Luque; al expolicía César Bilbao Delgado -al frente del área de Seguridad Bancaria del BBVA- y ha un subinspector en activo, pues se revela su número de carnet profesional, no su identidad, todos ellos por delitos de cohecho y revelación de secretos.
UN INSPECTOR QUE RECABÓ DATOS DE CLIENTES DEL BBVA
Para el día 23 de septiembre se ha citado como investigados, y por los mismos delitos, al agente de la Policía jubilado Antonio Bonilla Martínez, que trabajaba en situación de segunda actividad para la empresa de Villarejo; al policía José María Serrano Ydigoras y a Constancio Riaño, un inspector jefe que aparece en un intercambio de correos electrónicos que obran en el sumario como la persona que recabó del BBVA datos de clientes que después el comisario usaría en sus negocios.
Finalmente, para el día 26 el Juzgado Central de Instrucción número 6 ha citado en calidad de testigos, como perjudicados por las actividades del comisario jubilado en prisión, Olof Fickert, María Luisa Luis Calero y Mario Capitán García.
