La investidura de Pedro Sánchez ha fracasado. El Ministerio de Trabajo ha sido el epicentro de las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos. Y el principal punto de desencuentro. Además de esta cartera, Pablo Iglesias había exigido otras cuatro más y una vicepresidencia. Pero horas de la segunda votación de la sesión de investidura, Iglesias reculó y pidió tres ministerios y la ansiada vicepresidencia de Irene Montero. Una oferta también rechazada por los socialistas. Solo en pleno debate el líder de Podemos ha dado otro paso atrás y ha renunciado a Trabajo a cambio de dirigir las políticas de empleo. Un área que los socialistas se han negado a ceder.
Unidas Podemos quiere hacer política. Aplicar su programa electoral a través de los ministerios que consiga en las negociaciones. Especialmente desde la cartera de Trabajo. Según el Partido Socialista, los de Pablo Iglesias quieren renombrar algunos ministerios ya existentes y crear uno nuevo de Justicia Fiscal.
La formación morada quiere estar al frente del Ministerio de Transición Energética, Medioambiente y Derechos de los Animales; del Ministerio de Ciencia, Innovación, Universidades y Economía Digital; del Ministerio de Derechos Sociales, Igualdad y Economía de los Cuidados; de la codiciada cartera de Trabajo, Seguridad Social y Lucha contra la Precariedad y crear un nuevo ministerio de Justicia Fiscal y Lucha contra el Fraude.
Pero las expectativas de Podemos se han reducido a pocas horas de la segunda votación de la sesión de investidura. Los de Pablo Iglesias realizaron una última oferta que también fue rechazada por el PSOE. Unidas Podemos ha exigido Sanidad, Trabajo y Ciencia, además de la vicepresidencia social de Montero. Pero la posible gestión de los de Pablo Iglesias al frente de estos ministerios ha sido la causa de la ruptura de las negociaciones.
MÁS SMI Y JORNADA DE 34 HORAS
El Ministerio de Trabajo es el más ansiado por Unidas Podemos. Y es el que más fricción genera entre los de Iglesias y el PSOE. Al menos en base a su programa electoral. Podemos quiere eliminar la reforma laboral (tanto la del expresidente Mariano Rajoy como la de José Luis Rodríguez Zapatero) y dar estabilidad real a los contratos indefinidos, establecer una jornada laboral de 34 horas semanales y establecer un salario mínimo interprofesional (SMI) de 1.200 euros brutos mensuales en esta legislatura.
También pretenden eliminar los contratos temporales de menos de un mes y combatir la concatenación de contratos (común en algunos sectores de la educación); fortalecer la actividad sindical; modificar las cuotas para los autónomos que menos facturan, así como perseguir a las empresas que contraten a sus empleados como falsos autónomos. Y no se olvidan de las horas extras e incrementar los derechos de maternidad y paternidad (y hacerlos idénticos).
ACABAR CON EL CANAL ISABEL II
El Ministerio de Medio Ambiente ha sido otro punto de discordia entre los dos partidos. Y no estaba entre las carteras que los socialistas estaban dispuestos a ceder, según destacan desde el partido. Podemos pretende dar un giro de 180 grados a la política energética del país. Para 2040, los de Iglesias quieren que la energía producida sea 100% renovable. Pero no solo eso, Unidas Podemos busca crear una empresa pública de energía, establecer ayudas estatales para las instalaciones renovables (como placas solares) y cerrar todas las industrias del carbón en un periodo de cinco años.
Pero las medidas que más alarman a los socialistas son aquellas que repercuten en el mercado. «Recuperar automáticamente la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro» o «prohibir la mercantilización del agua» y recuperar la gestión pública del Canal Isabel II en tan solo una legislatura, son algunos de los ejemplos.
INTERNET GRATIS
Podemos quiere apostar por la ciencia, pero con más gasto público. A pesar de que el PSOE está dispuesto a ceder las competencia de este ministerio, hay algunas diferencias programáticas entre los dos partidos. Unidas Podemos quiere aumentar el gasto público en I+D+i al 2% del PIB al final de la legislatura y crear empresas estatales de innovación, como el Centro Nacional de Robótica Aplicada (CNRA).
Otra de las medidas estrella es que Internet sea gratuito y accesible para todos (eso sí, con una velocidad de 30 Mb).
PROHIBIR LOS DESHAUCIOS
Otro de los ministerios que Podemos podía liderar era el de Vivienda. En el programa electoral de la formación morada le dedican a este supuesto otras medidas que tendrían un considerable impacto en el país. La primera, intervenir el «el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios y garantizar un alquiler estable y seguro»; «crear un gran parque de alquiler público de precio asequible» y «poner coto a la excesiva proliferación de pisos turísticos».
También buscan prohibir los deshaucios siempre que el inquilino en cuestión no disponga de una alternativa habitacional. Asimismo, quieren proteger a todos los «deudores y deudoras hipotecarios sin recursos suficientes» limitando su deuda al valor del bien hipotecado. Además, quieren impedir los cortes de suministros y garantizar la electricidad en todas las viviendas.
DENTISTA GRATIS
Y en Sanidad también quieren aumentar el gasto. Concretamente un 1,5% más del PIB (pasando del 6% al 7,5%). Incluir que el dentista sea gratuito, es decir, sumado a la Seguridad Social y garantizar el acceso a la sanidad pública a cualquier persona. Tenga o no los papeles en regla. «Se eliminarán los copagos y, en cambio, se establecerán garantías para que no puedan introducirse otros nuevos», refleja la formación morada en el programa electoral.
Pero las medidas de Unidas Podemos también pasan por aumentar el salario al personal sanitario para poner fin a la «precariedad» y para traer de vuelta a todos aquellos médicos o enfermeros que hayan salido del país en busca de unas condiciones mejores. Y, por último, los de Podemos quieren acabar con la «mercantilización de la sanidad» evitando los centros concertados y estableciendo un control directo de la administración pública.
