El futuro de los 8.000 trabajadores de Ombuds está ya en manos de un administrador concursal. La empresa de seguridad privada, propiedad de la familia Cortina, ha entrado esta semana en concurso de acreedores, aunque nadie de la entidad ha comunicado oficialmente el estado en el que se encuentra actualmente.
La compañía ha buscado su supervivencia hasta el último minuto. Tras unas largas negociaciones con la banca, finalmente no han conseguido reactivar la línea de financiación que necesitaban para continuar con su actividad. Santander, Bankia y CaixaBank son las principales entidades que han concedido “factoring” en otras ocasiones a Ombuds, pero esta vez se lo han denegado por las dificultades económicas que arrastra el grupo. También lo intentaron con Abanca, sin éxito.
La empresa aseguraba que el 31 de julio entraría un inversor extranjero que se haría con el 80% de las acciones. El 75% de la compañía está controlada por un inversor estadounidense, JZI, mientras que el 25% restante pertenece a los Cortina. Los sindicatos sostenían que Ombuds “mentía” sobre la entrada de nuevo capital, que dicho inversor “no existía”. Algo que ha quedado confirmado con su entrada en concurso de acreedores.
El portavoz del departamento de comunicación de Alternativa Sindical, Alberto García, critica que tanto UGT como CCOO, que ahora reconocen la quiebra, estuvieran tapando “las miserias de los Cortina” durante este tiempo. “Son unos sinvergüenzas por dar esperanza a 8.000 familias para nada”, reprocha.
Ambos sindicatos lanzaron un mensaje de calma a los trabajadores y aseguraron que la empresa les abonaría sus nóminas a final de mes. Según García, lo hicieron para “conseguir la línea de crédito de la banca haciendo creer que había un inversor extranjero” y, sobre todo, para favorecer a la familia Cortina.
EL FUTURO DE LOS TRABAJADORES
Los sindicatos están preocupados por el futuro de los miles de trabajadores de la empresa de seguridad. No saben cuándo cobrarán las nóminas atrasadas, la de junio, julio y la extra de verano, ni tampoco tienen conocimiento de qué ocurrirá con su puesto laboral. La solución está ahora en manos de las compañías que han subcontratado los servicios de Ombuds.
García insiste en que aún están a tiempo de rescindir sus contratos. Esta sería la mejor solución para los empleados, que podrían ser reubicados en otras entidades del sector más solventes, como Eulen, Securitas o Prosegur.
Carrefour Agencia EFE, IFEMA, Metro de Madrid y Barcelona, Renfe o Museo Thyssen son algunas de las compañías que tienen contratados los servicios de Ombuds. De momento, solo una de ellas, Carrefour, ha comunicado que el 8 de agosto pone fin a su relación laboral. Otras como IFEMA, según asegura García, también lo estarían estudiando.
Por su parte, Metro de Madrid todavía no ha tomado una decisión, a pesar de que están incumpliendo una parte del contrato con Ombuds. El acuerdo laboral que firmaron ambas entidades incluye una cláusula por la que se tendría que rescindir unilateralmente el contrato si se producen impagos a los empleados. Y actualmente no se ha adoptado esta medida.
Tras varios intentos frustrados para que Metro finalice su relación laboral con Ombuds, Alternativa Sindical ha presentado una denuncia a la empresa de transporte. En la demanda, le exige que actúe con “responsabilidad solidaria” para abonar los sueldos atrasados. Además, insiste en que Metro “debe asumir las consecuencias de la contratación de una empresa de dudosa solvencia”. El sindicato sostiene que hará esta medida extensible al resto de entidades públicas que no rompan el vínculo con Ombuds.
Metro reconoce que el imcumplimiento de los pagos es una “falta muy grave” del contrato. Sin embargo, asegura que ya el 12 de julio enviaron un burofax a la compañía para que le explicaran la situación y que ahora están estudiando qué alternativas adoptar, “incluyendo la rescisión del contrato, si procede”. La decisión que tomen afectará a un total de 550 empleados.
CONTINÚA LA HUELGA INDEFINIDA EN BARCELONA
Mientras tanto, en Barcelona sigue vigente la huelga indefinida que comenzó el 16 de mayo. La convocatoria, lanzada por ADN Sindical y que afecta a 400 vigilantes en toda Cataluña, ha conseguido un 80% de seguimiento. Solo se prestan algunos servicios mínimos en empresas públicas como TVE y en otras, como en Ferrocarril o Renfe, según fuentes sindicales, ni siquiera se están cumpliendo debido a que la mayoría de empleados están de baja.
Según ADN Sindical, la huelga ha tenido sus consecuencias. Ferrocarriles de la Generalitat (Línea Llobregat) ya ha rescindido su contrato y el grupo que asumirá los servicios será Prosegur. También se prevé que a principios de agosto Ciutat de Justícia de Barcelona adopte esta salida. El sindicato está a la espera de la decisión que tome el Ayuntamiento de Barcelona, quien tiene vínculos con la empresa de seguridad y que previsiblemente acabará rompiendo sus relaciones.
Desde ADN Sindical coinciden con Alternativa Sindical en que la mejor solución es que se rescindan los contratos para asegurar el trabajo de los empleados en otras empresas del sector. El sindicato catalán ha criticado “la mala praxis” con la que Ombuds ha tratado la cuestión y apuntan directamente a Fernando Cortina, apoderado del grupo en Cataluña, por no comunicar oficialmente la situación que atraviesan.
Una vez declarado el concurso de acreedores, el Juzgado Mercantil tendrá que asignar un administrador concursal, que fuentes sindicales dudan que sea nombrado antes de septiembre. Esta figura será la encargada de analizar las cuentas, conseguir liquidez y saldar las deudas.
Lo primero que tendría que sufragar son los 40 millones que debe a la Agencia Tributaria, pagar a los acreedores y en última instancia abonar el sueldo a los empleados. Los sindicatos creen que con la venta de sus activos no será suficiente para saldar todos los pagos y afirman que “con toda probabilidad, acabará pagando las nóminas el Fogasa”. Un proceso que podría alargarse meses o, incluso, años.
