Comienza la cuenta atrás para unas nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid. Vox ha consolidado su amenaza y retrasa la toma de posesión de PP y Ciudadanos al frente de la autonomía más codiciada. De nada han valido los esfuerzos de última hora de la formación naranja para aproximarse a la líder de la extrema derecha en Madrid, Rocío Monasterio.
Su relación ha sido más tormentosa que idílica desde el primer momento. Ciudadanos negaba continuamente a Vox y ahora, cuando no ha tenido más remedio que ceder a reunirse con ellos, no le ha salido como esperaba. El encuentro a tres en Madrid, al igual que pasó en Murcia, no ha convencido a los ultraderechistas de levantar el veto, aunque Monasterio lo ve como el inicio de las verdaderas negociaciones a tres bandas.
En el pleno fallido de investidura, la candidata de Vox volvió a pedir a Cs que acabara con los cordones sanitarios y continuarán las conversaciones para acercar posturas durante estos meses de verano. Los tres partidos tendrán desde ahora hasta el próximo 10 de septiembre para debatir y consolidar sus programas de gobierno si no quieren repetir elecciones.
Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos en Madrid, lamenta no haber conseguido desbloquear la situación con la reunión in extremis, mientras que Isabel Díaz Ayuso culpa a Vox y a Cs del fracaso de la investidura. La formación naranja ha pactado un acuerdo de 155 medidas con el Partido Popular en las que la agrupación de ultraderecha no ha intervenido directamente (como pedían), pero en el que hay varios puntos que pretenden contentarles. De momento un esfuerzo que no ha tenido éxito.
LA CUESTIÓN LGTBI, LA LETRA PEQUEÑA DEL PACTO
Las exigencias que Monasterio puso a sus socios preferentes fueron claras: firmar un programa único, aclarar la cuestión de la sanidad pública para inmigrantes y eliminar algunos aspectos de la ley LGBTI. Vox ha mostrado en más de una ocasión su disconformidad con estas normas porque consideran que fomentan las diferencias entre las personas. También han criticado con fervor que se trate este tipo de temas en los centros educativos.
La supresión o modificación de estas leyes no es algo que preocupara especialmente a las organizaciones LGTBI en Madrid. Representantes del colectivo mostraron su confianza en que Ciudadanos, fiel defensor de sus derechos y que incluso intervino en la redacción de las normas, no iba a ceder ante las pretensiones de Vox. No tenían la misma fe puesta en los populares.
Díaz Ayuso insistió en que no se iba a retroceder en derechos, pero fuentes del PP aseguraron que en las negociaciones con Cs sí se estaba intentando llegar a un término intermedio en ciertos puntos. Por ejemplo, se comprometieron en eliminar aquellos talleres o charlas en centros escolares donde se abordaran cuestiones relacionadas con la orientación sexual o temas LGTBI.
Por su parte, Ciudadanos ha reiterado su negativa a ceder en los derechos del colectivo. La portavoz de LGTBI del partido, Patricia Reyes, afirmó en declaraciones a MONCLOA.COM que “no se iban a quitar las charlas en colegios” porque eran fundamentales “para educar en igualdad” y, sobre todo, “para revertir los casos de bullying” que aún sufren personas a causa de sus preferencias sexuales.
Y si bien es cierto que en las 155 medidas se incluyen premisas como defender “los derechos LGTBI+”, promover “la igualdad” y acabar con “la discriminación y la violencia que todavía sufren”, hay otro punto que sí afecta de lleno al colectivo y pretende conseguir el beneplácito de Vox.
La medida 17, la primera en la sección de Educación, especifica que el nuevo Gobierno madrileño garantizará “la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales” y para justificarlo se amparan en el artículo 27.3 de la Constitución Española. Este punto sería del agrado de Monasterio, que criticó estos talleres escolares porque hablaban de “zoofilia y parafilias” a los niños. Sin embargo, parece que esto no ha sido suficiente para facilitar su apoyo, principalmente, porque las normas LGTBI siguen sin tocarse.
INMIGRACIÓN, FAMILIA Y OTRAS MEDIDAS
En cuanto a la sanidad, Vox también puso como condicionante que “se requiera al país de origen el pago de la factura sanitaria tanto de los inmigrantes ilegales como de los comunitarios o visitantes” que hubieran usado este servicio público madrileño. Con esta medida querían frenar el llamado “turismo sanitario”.
Nuevamente esta premisa se ve reflejada en el documento firmado por PP y Ciudadanos. En el punto 16 del acuerdo ambos muestran su compromiso de colaborar con el Gobierno español para frenar esta práctica. Además, afirman que “potenciarán los mecanismos de facturación y cobro entre países” por los ciudadanos que hayan sido atendidos.
Siguiendo en esta línea de acercamiento a Vox, en el acuerdo se establece la creación de una consejería que incluya las cuestiones relacionadas con la Familia, como ya ocurriera en el pacto andaluz. En el caso madrileño, el área recibe el nombre de Asuntos Sociales y Familia y ha caído en poder de Ciudadanos. Sin embargo, no se ha eliminado el Plan Integral para luchar contra la violencia machista. Una lucha con la que Vox ha sido siempre bastante crítico porque considera que “se discrimina a un sexo con respecto al otro”.
Los guiños a Vox también son evidentes en materias económicas. El acuerdo habla de una bajada de impuestos, de un mayor apoyo a los autónomos y las PYMES y se compromete a “eliminar aquellos organismos que no respondan a criterios de interés general, eficacia y eficiencia”. Así cumple con lo exigido por los ultraderechistas, que ya han pedido en más de una ocasión acabar de financiar con dinero público a lo que califican de “chiringuitos ideológicos”.
