Tras la polémica surgida en Madrid, Vox ha abierto otra brecha en Murcia. La formación de Abascal ha presentado un documento este miércoles en el que plantea sus exigencias para avalar un gobierno de PP y Ciudadanos. Exige, entre otras cosas, derogar la ley LGTBI y deportar a inmigrantes. El partido naranja ya ha mostrado su desacuerdo.
En concreto, la formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal presenta este documento ante el acuerdo de gobernabilidad firmado este lunes por PP y Cs, en virtud del cual ambas formaciones se reparten las consejerías para los próximos cuatro años. En este sentido, Vox ha exigido ser incluido en una negociación «visible, transparente y simultanea» de los tres partidos, «si es que solicitan nuestro apoyo para la investidura».
Nuestro objetivo es que se conforme un gobierno que permita la gobernabilidad y el avance económico y social de la Región», resalta Vox, que advierte que no admitirá «cordones sanitarios» ni apoyará «a nadie que insulte, margine o menosprecie» a sus votantes o que trate de marginarles en cualquier negociación para formar gobierno o en la participación en el mismo, «con proporcionalidad, en las mismas condiciones que los demás.
A este respeto, Vox ha exigido «respeto» para las personas que les votaron, y advierte que no renunciará a los fundamentos sobre los que se sustenta su partido.
MARCO DE NEGOCIACIÓN PARA APOYAR LA INVESTIDURA
Por ello, ha presentado un documento titulado ‘Marco de negociación para apoyar la investidura’ basado en tres principios acordes con su programa electoral que dice no poder «violar», consistente sen la «libertad; economía e impuestos; e inmigración.
La primera de las exigencias de Vox es la «libertad de elección de centros por parte de los padres e implementación del cheque escolar»; al tiempo que reclama un plan integral para la difusión en los centros educativos de los valores constitucionales y para el conocimiento de la aportación de España a la civilización «como elemento clave de la Historia Universal».
Asimismo, reclama «protección para los símbolos de la nación española», y «libertad de los padres para poder educar a sus hijos según sus convicciones». Igualmente, reivindica la instauración del ‘PIN parental’ y de la autorización expresa de los padres para «cualquier actividad relacionada con contenidos éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales».
En cuarto lugar, exige la «defensa de la libertad de expresión y comunicación«. Y, para el cumplimiento de los dos puntos anteriores, considera «preciso» la derogación de la ley autonómica de 8/2016 de 27 de Mayo de igualdad social LGTBI, «por vulnerar los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de libertad de educación, de expresión y de comunicación, entre otros.
En quinto lugar, Vox exige la «defensa de la libertad de cátedra para mitigar los estragos de la ley de memoria histórica y derogación de todos los preceptos aprobados a nivel autonómico relacionados con esa ley que sólo vuelve a crear la división entre españoles».
De la misma forma, insta a los grupos parlamentarios en el Congreso de los partidos que integren el hipotético pacto de gobierno en la Región de Murcia a la «derogación de la Ley de Memoria Histórica, nefasta para la convivencia por volver a la enfrentar España en bandos».
Igualmente, exige la protección especial de la caza y las actividades relacionadas con ella; el «fin de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y otras fundaciones o asociaciones partidistas»; así como el «fin de las subvenciones a chiringuitos dedicados al proselitismo ideológico».
ECONOMÍA E IMPUESTOS
En el ámbito de la economía e impuestos, Vox reclama la «reducción del gasto político y de cargos dependientes de la Comunidad y simplificación de normativas»; así como el «cierre de estructuras paralelas y de duplicidades que permita una rebaja sustancial de los impuestos recaudados por la administración autonómica sin mermar la calidad en los servicios esenciales».
Asimismo, reivindica un sistema de beneficios fiscales para las familias y en especial para las numerosas, con una reducción del 50 por ciento del IBI para las primeras y exención para las segundas. Además, exige extender la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones a los colaterales.
De igual forma, pide la revisión de impuestos y tasas de carácter medioambiental, estableciendo «criterios ciertos que respondan exclusivamente a razones de sostenibilidad ambiental»; y pide «ayudas a las PYMES y a los trabajadores autónomos durante sus primeros años de implantación».
Vox también exige el apoyo a los agricultores y la «unidad de todas las fuerzas políticas de Murcia que suscriben este acuerdo para exigir la interconexión de las cuencas en el marco de un Plan Hidrológico Nacional».
También incluye en sus exigencias un programa de ayudas a mujeres embarazadas «para evitar abortos mediante la propuesta de alternativas y desarrollo de la Ley de Protección a la mujer embarazada y a la maternidad aprobada en 2009».
Igualmente, reclama la elaboración de una Ley de protección de la familia «que contenga expresamente el apoyo a la natalidad con el establecimiento de beneficios importantes de carácter económico, social, educativo, etc. y en especial para las familias numerosa, o en su caso, exigencia del cumplimiento de la ley actual Aumentar la deducción por hijo en el tramo autonómico del IRPF».
Además, exige el apoyo a la investigación, ampliación de los servicios y desarrollo sobre cuidados paliativos; la ampliación de las ayudas y apoyo a las familias con hijos con síndrome de Down; y la elaboración, en el plazo de seis meses, de un plan económico y de gestión «que haga efectiva la apertura de la totalidad de centros de salud por la tarde a partir de 2020 y la drástica reducción de las listas de espera sanitarias.
INMIGRACIÓN
En el ámbito de la inmigración, Vox exige «el cumplimiento de la legislación vigente, en concreto de la ley de extranjería, en el control de nuestras fronteras», así como la «deportación de los inmigrantes ilegales y apoyo para quienes entran por vía legal».
En segundo lugar, exige «realizar las actuaciones pertinentes para la no implantación del centro de MENAS previsto en la pedanía de Santa Cruz (Murcia) de tan solo 1.500 habitantes, por no ser el lugar adecuado para albergarlo».
«Mientras no se alcance un acuerdo en el que se consideren estas propuestas no se debería hablar de estructura de gobierno, que deberá ajustarse a un planteamiento razonable y eficiente, con el foco en los intereses regionales», concluye la formación de Abascal.
