El pactómetro en la Comunidad de Madrid está que arde. Todos daban por hecho que PP y Vox alcanzarían un acuerdo para garantizarse la gobernabilidad de la autonomía, pero las negociaciones están más tensas que nunca. A principios de la semana pasada, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, anunciaba la ruptura de las relaciones con los populares por el supuesto incumplimiento del documento que firmaron para repartirse el poder en el Ayuntamiento de Madrid, aunque esta no es la única diferencia entre ellos.
Las discrepancias programáticas entre ambos partidos, así como los notables desacuerdos con su otro socio, Ciudadanos, siguen abriendo grietas entre ellos. Sin embargo, el mayor obstáculo para Monasterio podría ser su enemistad con varios miembros populares. Unas diferencias ideológicas que podrían echar por tierra un futuro pacto comunitario.
LA LEY LGTBI, LA BRECHA ENTRE VOX Y EL PP
No está contenta Monasterio con la ley LGTBI vigente en la comunidad. La legislación que respaldó la expresidenta Cristina Cifuentes en el año 2016 es demasiado avanzada para el partido de ultraderecha. Este punto no sería del agrado de la candidata de Vox, que culpa directamente a la popular Ana Camins por favorecer su implantación.
Camins era en ese año la Portavoz de la Comisión de Políticas Sociales y Familia del PP y participó en las negociaciones para redactar y aprobar la ley. Si bien es cierto que en un principio los populares se negaron a respaldar algunos de los puntos más avanzados de la ley, finalmente tuvieron que ceder tras los recursos presentados por la oposición.
En total se presentaron 138 enmiendas (76 de ellas del PSOE) al proyecto inicial. Las jornadas de consenso fueron intensas en el PP porque la parte más conservadora del partido se posicionó en contra. De hecho, hubo dos diputados que decidieron no acudir a votar a pleno y así evitar mostrar su desaprobación con las directrices marcadas por la formación.
Cuando nació la ley, Monasterio fue una de las personas que se adhirió a un manifiesto en contra. Una de las medidas más polémicas que impulsó la plataforma eran la posibilidad de someterse a curas de reorientación sexual. Estas «terapias» que Vox defiende están sancionadas dentro de la norma madrileña.
Por otro lado, la ley promulga la defensa y protección del colectivo, un aspecto que Vox entiende como una desventaja para el resto de personas. Como ya afirmó el portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, a MONCLOA.COM ellos están en contra de que se persiga al colectivo, pero consideran que tampoco pueden tener privilegios.
Además, la norma es muy semejante a la aprobada un año antes por el gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara en Extremadura. Estas similitudes no son del agrado de Vox, y Monasterio podría tenerlo en cuenta para frenar sus relaciones comunitarias. La imagen de Ana Camins, que todavía sigue siendo diputada en la Asamblea, reencarna la figura de ese PP más progresista que desde Vox rechazan.
El partido de Santiago Abascal no incluye en su programa electoral el asunto LGTBI. De hecho, reconocen “que a ellos les ocupa muy poco de su tiempo” tratar esta cuestión. La formación tampoco está a favor de eventos como el Orgullo. El último episodio que reafirma su posición de rechazo es la sanción a la concejala de Torremolinos, Lucía Cuín, por asistir a esta celebración.
ENFRENTAMIENTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
El descontento de Monasterio con la Ley LGTBI y las personas que la hicieron posible se suma al ya conocido enfrentamiento del partido con su socio preferente en Madrid. La cuerda se ha tensado estos días después de que el PP evitara incluir a Vox en las listas de concejales del Ayuntamiento.
Esta aparente “ruptura” del acuerdo que Vox afirma que alcanzaron la noche del viernes al sábado ha repercutido de lleno en relaciones comunitarias. Fuentes populares creen que el partido de Monasterio se equivoca “al pillar estos berrinches fuera de tiempo” y califica su actitud como “infantil”.
De momento, Javier Ortega Smith, líder de Vox en la capital, y el ya alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, siguen manteniendo sus contactos y aseguran que van por buen camino. Todavía no está claro si Vox tendrá acceso a alguna cartera de gobierno, aunque hay otras alternativas que se pueden estar manejando en sus conversaciones.
Públicamente hay una Mesa de negociación, pero la realidad es que hay dos. Una de ellas se mantiene en secreto entre dos diputados de ambas formaciones que tienen una “excelente” relación. En esta mesa no oficial se podría estar hablando de la posibilidad de darle a Vox una presencia destacable en varias empresas públicas del Ayuntamiento, así como en la dirección de varias concejalías de distrito.
LAS DIFERENCIAS PROGRAMÁTICAS
Las discrepancias en sus programas electorales también es algo que tendrán que solucionar para alcanzar un entendimiento. Una marcada posición en temas como la violencia de género o el medioambiente podrían crear problemas en la mesa de negociación.
En lo relacionado con el cambio climático, el PP quiere promover una ley comunitaria para frenar esta situación. Ciudadanos también incluye varias medidas con este fin, como un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios Públicos u otro de lucha contra la contaminación por plásticos del medio natural. Por su parte, Vox se aleja un poco de esta filosofía y es bastante escueto en sus propuestas.
También hay algunas discrepancias en materias sociales. Tanto PP como Ciudadanos incluyen medidas relacionadas con la violencia machista. Los populares quieren impulsar programas de protección con perros para las víctimas, mientras que Cs propone un alojamiento para las mujeres que sufren esta lacra. Por su parte Vox no hace referencia a ninguna medida específica sobre este asunto.
Sin embargo, este no parece ser un obstáculo insalvable, ya que, como se ha visto en otros territorios, han conseguido pactar un punto intermedio, en el que todos han quedado satisfechos.
