Carles Puigdemont tendrá que entrar en España si quiere ocupar su asiento como eurodiputado. El expresidente de Cataluña tiene que acatar la Constitución en la Cámara Baja, sede de la Junta Electoral Central. Junqueras, presumiblemente, podrá acudir. No obstante, deberá dejar su acta de diputado en el Congreso si quiere ser eurodiputado.
Esa obligación rige para todos los eurodiputados electos, para los que este trámite es obligatorio para «poder ser incluido en la lista (de electos) comunicada por las autoridades españolas al Parlamento europeo», según consta en el informe que encargó el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, el pasado abril.
Así, están obligados también los electos a la Eurocámara huidos de la Justicia española: el expresidente Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. Contra ellos no hay orden de detención fuera de España pero, según este informe, tendrían que viajar a Madrid para acatar la Constitución.
JUNQUERAS TIENE QUE ELEGIR
El caso de Junqueras es distinto porque no está fuera de España, sino en prisión preventiva. El Tribunal Supremo ya le permitió ir al Congreso para hacer efectiva su elección como diputado, de manera que es previsible que vuelva a permitírselo para ser parlamentario europeo.
Eso sí, la normativa europea establece que es incompatible ser eurodiputado y diputado nacional, de manera que tendrá que elegir. De hecho, también tendrá que firmar la declaración de intereses financieros y la de incompatibilidades, unos documentos que suelen entregarse de manera presencial en Bruselas, aunque fuentes consultadas por Europa Press admiten que puede haber otras opciones.
Junqueras ha tomado posesión de su acta en el Congreso pero ha sido suspendido de sus funciones. ERC se ha registrado como grupo con Gabriel Rufián de portavoz y no le ha reservado tarea alguna a Junqueras.
Por otro lado, el informe de los servicios jurídicos de la Eurocámara al apuntar que la protección que cubre a un eurodiputado de acuerdo al artículo 9 del reglamento de la institución «tendrá efecto para el nuevo eurodiputado electo a partir del 2 de julio de 2019 a las 10:00 horas», momento en que se constituirá la nueva Eurocámara.
La inmunidad de los eurodiputados que ya han tomado posesión de su escaño supone que no pueden ser investigados, detenidos, ni procesados por las opiniones expresadas o los votos por ellos emitidos.
Si las autoridades nacionales pertinentes solicitan a la Eurocámara que levante la inmunidad a uno de sus diputados, la comisión de Asuntos Jurídicos deberá realizar un informe que se votará posteriormente en el pleno del Parlamento que debe tomar la decisión final.
El informe jurídico de la Eurocámara aclara sobre este punto que se debe aceptar la petición de suspender la inmunidad «a menos que parezca que la intención subyacente es dañar la actividad política de un miembro y, por tanto, la independencia del Parlamento».
La Eurocámara ha tratado en numerosas ocasiones este tipo de peticiones de autoridades nacionales y, lo habitual, es que se acepte levantar la inmunidad, como fue el caso de la eurodiputada de extrema derecha francesa Marine Le Pen o, más recientemente, el de su padre, el fundador del Frente Nacional francés, Jean-Marie Le Pen.
No obstante, está por ver si el Tribunal Supremo da nuevos pasos. Cuando Junqueras y otros presos preventivos –Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez– fueron elegidos diputados, el Supremo consideró que no era necesario pedir suplicatorio al Congreso para continuar con el proceso judicial, porque ya estaba iniciado.
