Tanto la familia Franco como la Fundación que lleva el nombre del dictador apuran sus últimos cartuchos según se acerca la fecha decidida por el Gobierno para realizar la exhumación.
Los últimos son las advertencias sobre los extremos que aún no se han decidido judicialmente, como la licencia de obras para realizar estos trabajos, o frente al paso dado por el Ejecutivo para dejar claro que los derechos de enterramiento del panteón del cementerio de El Pardo, donde pretende inhumar de nuevo los restos de Franco, son del Estado.
El 10 de junio fue la fecha decidida por el Gobierno para realizar la exhumación de los restos del Valle de los Caídos y su posterior entierro en el panteón del cementerio de El Pardo, donde ya se encuentran los de Carmen Polo. El Tribunal Supremo tiene que decidir si suspende cautelarmente la exhumación mientras decide sobre el fondo de la cuestión.
Sin embargo, conforme se acerca la fecha, la Fundación Francisco Franco insiste en su temor en que el Gobierno actúe antes de que el Supremo se pronuncie. La decisión de realizar la exhumación el 10 de junio fue tomada poco antes de que se convocaran las elecciones.
Una vez que se han celebrado y que se desvanezca la posibilidad de un Gobierno de diferente color político, la Fundación insiste en sus temores. Por ello ha puesto sobre la mesa que, además del recurso en este tribunal, existe otra instancia en la que tienen que decidirse cuestiones técnicas, como es la licencia de obras.
Para paralizar el proceso en este trámite el círculo cercano a la familia Franco y la propia Fundación presentó varios recursos contra esta licencia de obras, hasta que el juzgado de los contencioso administrativo número 3 de Madrid decidió suspender cautelarmente la autorización que dio el ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, localidad donde se encuentra el Valle de los Caídos.
El juez basó su decisión en que faltaba un análisis de la seguridad de la obra, que consideraba necesaria a pesar de declararse un profano en la materia. Además, no encontró que fuera necesaria una especial urgencia para realizar la exhumación.
La Fundación entiende que la suspensión de la licencia de obras seguirá vigente, salvo que fuera modificado o anulado, el próximo 10 de junio y advierte que «sería totalmente ilegal cualquier actuación del Gobierno que pretendiera ejecutar las obras».
RETRASAR LA EXHUMACIÓN
En lo que se refiere a la licencia de obras, el abogado del Estado ha recusado al juez que la suspendió, pero esta tendrá que ser resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que podría retrasar aún más el procedimiento.
La Fundación recuerda ahora que aún está abierto este frente en la guerra sobre la exhumación de los restos de Franco después de que el Gobierno diera un pequeño paso más adelante, al cambiar de manos los derechos de enterramiento del panteón del cementerio de El Pardo.
Estos derechos se encontraban en manos de Patrimonio Nacional, el organismo que gestiona los bienes al servicio de la Corona. Aun tratándose de un organismo público, el Gobierno decidió que estos derechos pasaran a formar parte del Patrimonio del Estado, con lo que puede actuar de forma más ágil sobre ellos.
El hecho de que el enterramiento de Carmen Polo se encuentre en un lugar de titularidad pública hace un poco más fácil al Gobierno el traslado a este lugar de los restos de Franco, ya que la opinión de la familia tendría menos peso que si se tratara de que el derecho de enterramiento se encontrara en manos de ésta.
La familia Franco recibió, sólo dos días después de que el Gobierno tomara esta última decisión, la notificación del Tribunal Supremo en la que acuerda que se una al recurso de la familia la última decisión del Gobierno, en la que fijó la fecha de la exhumación y el lugar del posterior entierro de los restos de Franco.
Como exponen en su escrito ante el Tribunal Supremo, la familia no ha recibido con calma las últimos pasos dados por el Gobierno. En este documento señalan la decisión sobre los derechos de enterramiento, así como unas manifestaciones de la ministra de Justicia en las que indicó que las actuaciones para realizar la exhumación se desarrollaban con normalidad.
Los Franco creen que con estas dos iniciativas del Gobierno «evidencian su decidida voluntad de continuar adoptando medidas de desarrollo y/o ejecución de los acuerdos impugnados». Por lo tanto, la familia del dictador ha decidido recordar que solicitaron que la suspensión cautelar que pidieron al Tribunal Supremo también alcanzara a los actos posteriores que pudiera realizar el Gobierno, lo que ha vuelto a pedir en su último escrito dirigido al Tribunal Supremo.
La Fundación Francisco Franco ha añadido nuevos argumentos y considera que la exhumación sólo puede ser solicitada por los familiares, según el reglamento de sanidad mortuoria de la Comunidad de Madrid.
Además, sostiene que, en el caso de que se realice, la familia tiene el derecho de enterrar los restos en la cripta de la catedral de la Almudena y, ante la negativa del Gobierno, afirma que este sólo intenta que no se pueda rendir homenaje a la figura de Franco, lo que considera contrario a derechos constitucionales como el de libertad de expresión, reunión o manifestación.
