La constructora Dico, vértice de la trama Púnica, contrató al comisario José Manuel Villarejo para salvaguardar sus intereses frente a uno de sus socios. Este, según un informe del policía, tenía un listado con políticos que habían realizado recalificaciones de terrenos para favorecer a esta empresa.
De esta manera, el comisario jubiliado, hoy en prisión preventiva, habría intervenido en la sombra en casos de corrupción política al menos desde hace quince años. Además de Púnica, lo hizo en el caso Gürtel, además de indagar sobre presuntos pagos en el PSOE andaluz.
Todo ocurrió en 2004, diez años antes de que estallara la operación Púnica, con la detención de 51 personas. El trabajo de Villarejo para Dico quedó reflejado en el bautizado como “Informe Certus”, donde se da cuenta del espionaje al socio de Dico y su entorno familiar con seguimientos personales e rastreo de llamadas telefónicas.
El informe preliminar de este encargo, al que ha tenido acceso MONCLOA.COM, es una valoración previa sobre las posibilidades de conseguir el objetivo. Este era salvaguardar los intereses del grupo Dico “ante la presumible intervención turbia e interesada de un ex socio”. Según este documento, se trataría de Jesús González de la Aleja Soria.
Este había abandonado en octubre de 2003, un año antes del encargo a Villarejo, la empresa. Para ello habría pactado su salida. Sin embargo, González de la Aleja se sintió posteriormente engañado al conocer “la naturaleza renovada del nuevo grupo empresarial”, tal como explica el informe de Villarejo.
Este documento nombra indirectamente como socios al propio González de la Aleja y dos siglas, JJ y PC, que podrían corresponderse con los otros accionistas: Julián Jiménez de los Galanes y Francisco (Paco) Colado. El hombre que finalmente presidió Dico, David Marjaliza, es uno de los principales protagonistas del caso Púnica, junto con Francisco Granados, número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.
Según el relato de Villarejo, el socio despechado comenzó a realizar “una serie de maniobras de hostigamiento” para desprestigiar a la empresa “con informaciones a clientes, entidades crediticias, proveedores…” ante lo que Dico decidió investigar tanto sus maniobras como su solvencia y patrimonio.
Todo habría empezado con los problemas de este socio con su esposa. El informe relata que hubo llamadas anónimas amenazantes que terminaron con la salida de Jesús González de la Aleja de la empresa. En este incidente ya se rastrearon las llamadas realizadas desde un móvil con tarjeta pre-pago, que fue usado con medidas de seguridad que Villarejo achaca a que alguien con conocimientos en el tema habría intervenido.
En aquel proceso se produjo, además, el asalto al despacho de abogados donde se negociaban los acuerdos y al coche de uno de ellos. Una vez que el socio comenzó contactar con el principal cliente de Dico “al objeto de propiciar la desconfianza de sus directivos”, es cuando comienza el seguimiento personal.
De esta manera se espiaron sus desplazamientos en dos vehículos, un Mercedes 500 y un todo terreno BMW, así como sus visitas a diferentes domicilios. A pesar de que no puede aportar más pruebas, especula sobre las relaciones sexuales de este socio.
Según se cuenta en el informe, estos ataques habrían sido mutuos, ya que hace referencia a una llamada recibida en la empresa en la que se alertaba de que otro socio estaba siendo espiado en busca de situaciones comprometidas.
Para realizar su trabajo, el comisario Villarejo tiene acceso presuntamente a información reservada, como son los movimientos en cuentas bancarias. En una de las páginas del informe, dice: “se están rastreando cuentas y operaciones en entidades bancarias dentro y fuera de España”.
Villarejo considera que Jesús González de la Aleja “es un sujeto muy vulnerable e influenciable”, especialmente por su esposa. Aparte de realizar apreciaciones sobre sus rasgos psicológicos, cree que su cónyuge quien le hostiga para que ataque a Dico.
Después de estos análisis previos, el comisario alerta de que se trata de una situación con un alto grado de riesgo, que llega a calificar como “crítica”. Villarejo calcula que el socio de Dico “esperará a saber el alcance de la percepción económica que recibirá por los temas aún pendientes (Portugal y Majadahonda) y a partir de ello, organizará el contraataque”.
Además, esperaba posibles “ataques en medios de prensa, intervenciones judiciales injustificadas”, a lo que habría que añadir otras actuaciones “que tendrían como fin último el intentar destruir el activo empresarial, así como aniquilar el prestigio personal” de los socios de Dico.
DOCE MILLONES DE EUROS
Por estos ataques, el antiguo socio pretendía, según Villarejo, obtener en torno a 12 millones de euros. En el informe señala que González de la Aleja sostenía que podía “presentar pruebas que demuestren el importante grado de corrupción”, que ha permitido a Dico crecer hasta el volumen que había alcanzado en aquel momento. La información la habría obtenido Villarejo de una fuente cercana al despacho que asesoraba a González de la Aleja.
Entre la información sensible que, según Villarejo, contaba González de la Aleja, se encontraba “una larga lista de políticos municipales que han recalificado terrenos en beneficio de K” (K quiere decir cliente en los informes de Villarejo, en este caso Dico).
El sistema debió funcionar, según la referencia a la estrategia del socio díscolo, mediante la apariencia de préstamos. Aun así, este socio creía que “en ningún caso podrán demostrar ellos que dichos reembolsos eran como devolución de supuestos préstamos”. El informe refiere que el socio “se ha mostrado rotundo alegando que el dinero se pagaba por favores recibidos”.
En ese sentido, el socio despechado de Dico habló de la existencia de contratos privados y de facturas emitidas a sociedades instrumentales. Es más, según la información en poder de Villarejo, este empresario dijo que tenía pruebas e “incluso algún soporte sonoro”.
“Una larga lista de políticos municipales que han recalificado terrenos en beneficio de K”
El policía informó de que el objetivo de sus pesquisas parecía haber detectado que estaba siendo seguido, por lo que empezó a realizar acciones como saltarse semáforos, cambiar de dirección por sorpresa o conducir a velocidad excesiva. Villarejo aconsejaba la investigación del entorno del socio y labores de desinformación que favorecieran los intereses de Dico, además de buscar “evidencias sobre operaciones ilícitas” del socio y los personajes de su entorno.
La estrategia a seguir, según Villarejo, incluía “la obtención de otra información colateral y secundaria” entre la que se encontraba “vida privada, gustos, aficiones, amantes…” El trabajo se realizaría, como era habitual, con todo tipo de medios técnicos de grabación y seguimiento.
El nombre de Jesús González de la Aleja Soria aparece como protagonista indirecto en una noticia publicada por Elconfidencial.com sobre una denuncia relacionada con recalificaciones en Vera (Almería). El exdirector general de Dico, David Merino, expuso ante notario años antes de que estallara la operación Púnica, cómo se realizaron estas recalificaciones. En la denuncia, presentada por Manos Limpias, se incluía una grabación de Merino con Jesús González de la Aleja, que habría llegado a controlar un tercio de las acciones del grupo Dico.
