La Unidad central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo ayer a primera hora al abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, por su presunta vinculación con la ‘caja b’ del Partido Popular. Este hecho provocó que su hija, Rita Corbín Barberá, haya caído de la lista de Vox a la alcaldía de Valencia, donde iba a ir de ‘número dos’ en las elecciones del 26-M, según admitieron fuentes de la formación de Santiago Abascal a MONCLOA.COM.
A Vox le falta por desvelar la lista por Valencia y ahora muchos en la formación ‘verde’ interpretan este retraso como la prueba de que se avecinaban malas noticias. El partido conservador aún no ha dicho quién será su cabeza de cartel en esta importante ciudad a menos de dos meses de los comicios municipales, pero en las filas de Vox se daba por descontado que la abogada Corbín Barberá iría de número dos.
Vox pensaba en capitalizar en las próximas elecciones el legado de la exalcaldesa de Valencia a través de su sobrina, quien se afilió a la formación de Abascal en 2018 junto con su padre, el citado José Corbín.
Corbín Barberá mostró recientemente su deseo de ponerse a disposición de su nuevo partido para el puesto que se le reclamase. De ahí que en la dirección de Vox viese con buenos ojos su candidatura. En un principio, se habló de llevarla al Parlamento valenciano, una situación que hubiera provocado nerviosismo en las filas del PP ya que su presidenta regional, Isabel Bonig, fue una de las firmantes del texto de reprobación que las Cortes valencianas aprobaron por unanimidad contra la exalcaldesa del PP cuando estaba en dificultades judiciales por el caso Taula.
Fue en septiembre de 2016 y todos los grupos pidieron a Barberá que dimitiese de su escaño de senadora autonómica “para salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos”. Dos meses después falleció repentinamente en Madrid tras declarar ante el Supremo por su condición de aforada y desde entonces la familia de la exregidora no perdona al PP aquel voto de castigo.
Así, a principios de enero de este 2019, nada más conocerse que la diputada María José Catalá sería la candidata del PP a la Alcaldía de Valencia y que tanto ella como Bonig afirmaron que su intención era trabajar sobre “la herencia” de los gobiernos de Rita Barberá, la familia de la exalcaldesa publicó un durísimo comunicado criticando el uso electoral de su figura por parte de quienes votaron para desposeerla de su acta de senadora.
La investigación desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción incluyeron una veintena de registros en dependencias del Ayuntamiento de Valencia, empresas y viviendas. Varios familiares de José María Corbín, entre ellas sus hijas, fueron informados ayer de que estaban siendo investigados.
A finales de 2017, la UCO elaboró un informe que acreditó documentalmente y a través de testimonios que el PP de la ciudad de Valencia pudo cometer presuntos delitos electorales continuados al menos desde el año 2007 y reveló en él la intervención del despacho de abogados de Corbín.
La Guardia Civil entregó un informe al juzgado que instruye las diligencias derivadas de la Operación Taula e incluía un análisis del grupo empresarial Laterne, el entramado que montó los actos electorales del año 2007, y los métodos que se utilizaron para obtener unos fondos que permitieran rebasar el gasto electoral asignado al PP. En aquellos años, la alcaldesa de la ciudad era la ‘popular’ Rita Barberá.
La investigación trata de delimitar qué papel jugó Corbín en este grupo empresarial después de que una antigua empleada de Laterne explicara que el despacho del cuñado de la entonces alcaldesa revisaba todos los contratos del grupo empresarial.
