La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) sostiene, en su recurso ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo de exhumación de los restos del dictador, que Patrimonio Nacional no es el propietario del Valle de los Caídos, sino la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, administrada por el prior de la abadía benedictina.
La propiedad del Valle de los Caídos y la autoridad sobre el mismo, un asunto que parecía no tener trascendencia cuando se anunció la voluntad del Gobierno de exhumar a Franco, se ha convertido ahora en uno de los elementos jurídicos clave para conseguir este objetivo.
El Gobierno utiliza el argumento de que el Valle de los Caídos es propiedad del Estado (en concreto del organismo Patrimonio Nacional) como una de las razones para defender que tiene todo el derecho para actuar dentro del mismo.
En el recurso presentado ante el Tribunal Supremo, la Fundación Franco señala que pretende “desterrar la confusión reinante propiciada por los círculos cercanos al Gobierno sobre quién es el propietario del Valle de los Caídos: no lo es Patrimonio Nacional, sino la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos”, dice.
Con esta premisa, la Fundación Francisco Franco (creada para difundir “el pensamiento, el legado y la obra” del dictador) alega ante el Tribunal Supremo que el Gobierno se ha extralimitado respecto a lo que dice la Ley que regula el Patrimonio Nacional. El Gobierno, obviamente, sostiene lo contrario en el acuerdo que aprobó la exhumación.
El Valle de los Caídos se reguló legalmente con un decreto de 1957 que creó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El recurso presentado ante el Tribunal Supremo subraya que el preámbulo de esta norma dice que la fundación ejerce “la titularidad del Monumento”. El Patronato de la Fundación estaba dirigido entonces por Francisco Franco.
La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos firmó un convenio con la abadía benedictina de Silos para hacerse cargo del lugar. Tras la muerte de Franco, la ley que regula el Patrimonio Nacional, aprobada en 1982, dejó en manos del organismo que lleva el mismo nombre el patronazgo de la Fundación del Valle de los Caídos, en sustitución del Jefe del Estado.
EL DUEÑO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Esta nueva ley dispuso que un futuro real decreto debería regular los bienes de la Fundación del Valle, decreto que nunca se aprobó. El recurso legal presentado ahora por los franquistas argumenta que todo el recinto pertenece a la fundación.
Los argumentos de este recurso recuerdan que el convenio con los benedictinos sigue vigente y que este señala que el abad desempeñará la administración de los bienes del Valle de los Caídos, como termina de regularse en un reglamento de 1959. Esta norma confiere a la abadía la condición de beneficiaria de la Fundación y establece la “administración delegada del abad”.
Esta “administración delegada” es un asunto clave, ya que quiere decir que no es suya, sino que sólo la ejerce por delegación. Sin embargo, la Fundación Franco considera en su recurso que el administrador “no es el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, sino el abad”.
El Gobierno, por su parte, sostiene de forma radical que el Valle de los Caídos es de propiedad pública. Lo hizo en el acuerdo ahora recurrido por la Fundación Franco, en el que, a su vez, respondía a las alegaciones que pudieron presentar los interesados ante el Consejo de Ministros.
El Ejecutivo afirma que la administración de los bienes del Valle de los Caídos corresponde a Patrimonio Nacional. Es más, el Gobierno recuerda que los bienes de este lugar son bienes de dominio público, según el decreto por el que se constituyó la Fundación del Valle de los Caídos.
El hilo legal que sigue el Gobierno recuerda que, aunque el convenio con la abadía benedictina disponía la entrega a esta orden religiosa de la basílica y los edificios y le encomendaba su administración, el reglamento posterior estableció que corresponde al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional la administración de los bienes del Valle, “sin perjuicio de la posibilidad de delegarla en la total o parcialmente” en la abadía.
El análisis de las leyes y decretos sobre el Valle de los Caídos no ha salido a la palestra hasta este momento final de la disputa entre el Gobierno, la familia y la Fundación Franco. El caso es que la comisión de expertos sobre el futuro de este monumento, que realizó un informe en 2011, ya realizó un análisis de esta situación.
El documento que emitieron esta comisión advirtió que, a su juicio, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos no tenía ya realmente ese carácter. Además, dejaba claro que la administración era de Patrimonio Nacional.
Pero, además de eso, este informe señaló que el Gobierno podía cambiar el régimen sólo con un decreto que derogase el anterior. Sin necesidad de ello, el convenio entre la Fundación del Valle de los Caídos y la abadía de Silos establece que el Gobierno podría pedir al Papa que cambiara la orden religiosa presente en ese lugar si esta no cumple los fines que le fueron encomendados.
