María Dolores de Cospedal reformó la ley electoral de Castilla-La Mancha antes de las autonómicas de 2015 con la excusa de reducir los parlamentarios de las Cortes, de 49 a 33, a cambio de elevar un listón que complica la entrada de los partidos pequeños como Vox al exigir el 13% del voto en algunas circunscripciones.
En 2015 el PP no pudo revalidar su mandato y el PSOE regresó al poder de la mano de Podemos, que logró dos diputados mientras que Ciudadanos se quedaba fuera. Los morados, los naranjas y Vox no tendrán fácil contar con representación en el Parlamento manchego en el 26-M.
Una proyección de la Universidad de Castilla-La Mancha otorga tres diputados al partido que lidera Santiago Abascal (Toledo, Ciudad Real y Albacete), y le dejaría fuera en dos provincias (Guadalajara y Cuenca). Cierto es que estos números son una simple adaptación de los resultados andaluces a la comunidad autónoma castellano-manchega.
Un sondeo de Celeste-Tel para el Ayuntamiento de Guadalajara sitúa a Vox con un concejal decisivo en el consistorio gobernado por el PP, pero con solo dos décimas por encima respecto al mínimo exigido a nivel municipal, 5% del voto.
CASTILLA-LA MANCHA, CLAVE TAMBIÉN PARA LAS GENERALES
Pablo Casado pretende ser el próximo huésped de La Moncloa y para ello debe mirar con lupa a una veintena de provincias medianas o pequeñas. El líder popular alertó de que apoyar a partidos «nuevos» es como «tirar el voto a la basura» por la ley d’Hondt, que solo reparte con cierta justicia los escaños en las circunscripciones que reparten al menos siete diputados.
Voces cercanas al PP señalan que, extrapolando las encuestas, Vox podría ver como casi el 50% de sus votos no obtienen premio en escaño. El partido ultraconservador hace caso omiso al llamamiento al voto útil porque las elecciones andaluzas mostraron la importancia del partido de Abascal, que tumbó una hegemonía socialista que difícilmente se hubiese cortado sin su presencia.
Casado quiere hacer ver que en provincias como Ávila, Huesca o Teruel hay que alcanzar en torno al 25% del voto para arañar escaño: «Si dividimos el voto puede pasar que no lleguemos a esa mayoría suficiente y los restos vayan a Podemos o al PSOE», ha dicho.
Provincias como Soria, Cuenca, Guadalajara, Segovia, Zamora, Palencia, La Rioja, Álava, Luego, Orense, Cáceres, Lleida, Albacete, Salamanca, León y Burgos están en su punto de mira, al igual que Ciudad Real, Navarra, Valladolid, Cantabria, Jaén, Huelva y Castellón.
EL EJECUTIVO DE GARCÍA-PAGE CARGA CONTRA VOX
El presidente socialista Emiliano García Page ha dejado claro que hablará tras el 26-M «con todos menos con Vox». Desde su ejecutivo también se pretende articular un ‘cordón sanitario’ contra Santiago Abascal.
Es el caso de Arcaceli Martínez, directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que cargó contra las pretensiones de Vox en Andalucía de conocer la identidad y cualificación técnica de las personas que trabajan con las víctimas de violencia de género.
Martínez señaló que hay «algunos sectores ultrareaccionarios, conservadores y ciertamente desvergonzados de los que subyacen motivaciones de carácter claramente machista·.
Y añade: «Nadie duda de la actuación de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de la Policía Local en cuanto a la protección que ofrecen a las víctimas de violencia de género. ¿Por qué dudar de la encomiable profesionalidad de los trabajadores de esas unidades de género?».
La directora señaló que «no solo como responsable institucional sino como feminista estoy totalmente en desacuerdo con esa iniciativa propuesta en Andalucía. Resulta impensable e inadmisible para el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Francisco Peces, presidente del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La Mancha, apuntó en la misma línea y denunció que las pretensiones de Vox «no buscan otro objetivo que trasladar la presión directa sobre estos profesionales como método de coacción y así poner en duda la propia existencia de la violencia machista».
La intención del partido que lidera Abascal, señala, pueden «suponer un cuestionamiento de la profesionalidad de los trabajadores afectados, además de un ataque integral a las víctimas de la violencia machista, que repercute en el recorte de los derechos fundamentales de las personas».
LA LEY ELECTORAL Y VOX
El PSOE no ha sido capaz de modificar la ley electoral de María Dolores de Cospedal porque García-Page señaló que quería contar con el apoyo del PP. El discurso de Podemos sobre este asunto también ha sido volátil, hecho que ha enfadado a algunos de sus socios extraparlamentarios, Izquierda Unida o el Partido Castellano.
Sergio Gutiérrez, secretario de Organización de los socialistas castellano-manchegos, ha atacado con este asunto al nuevo líder popular, Francisco Núñez. El socialista afirma que el PP «se está desangrando electoralmente», situación por la cual «están jugando a ser más extremista, a radicalizar su discurso y a convertirlo en una batalla campal en el día a día».
El objetivo del PSOE es mantener el Gobierno regional y gobernar en las cinco diputaciones, mientras que formaciones como Vox pelearán por traducir en escaños sus votos y contribuir a que el Parlamento de Castilla-La Mancha no de voz a solo dos fuerzas, tal y como ocurrió entre 1999 y 2015.
