La amistad con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que comparte con su abogado Baltasar Garzón, no le priva al comisario Enrique García Castaño de acumular nuevos cargos por haber apoyado presuntamente de manera ilegal al comisario José Manuel Villarejo en sus investigaciones privadas o espionajes.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado el archivo de la investigación contra los cuatro directivos de un despacho de abogados en la pieza II (Iron) de la denominada ‘Operación Tándem’, por la que se encuentra en prisión el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
En un auto, los magistrados estiman el recurso de la Fiscalía Anticorrupción –al que se habían adherido varias acusaciones– que consideraba extemporáneo el archivo de la investigación respecto de cuatro miembros del despacho Herrero&Asociados sin esperar al resultado de las diligencias ya acordadas por el instructor Diego de Egea, así como la concurrencia de indicios sólidos de la comisión de delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos .
La Sala, tras analizar pormenorizadamente los indicios expuestos por la Fiscalía y la documentación que los soporta, señala que “necesariamente hay que concluir que, en estos momentos, se mantienen indicios de la participación de los investigados” en hechos que inicialmente reviste caracteres delictivos.
En este sentido, hace mención a una reunión en el Casino de Madrid entre dos de los miembros del despacho con Villarejo y su socio Rafael Redondo, que revela pasajes “en los que se hace referencia explícita a la utilización de técnicas ilegales de las que, en consecuencia, habrían tenido conocimiento los que participaron en esa reunión”.
Los magistrados entienden que todos los indicios analizados “obligan, pues, a mantener abierta la investigación con los referidos investigados, aunque prescindiéramos de la dudosa eficacia de algunos de los elementos citados por el Ministerio Fiscal en su informe”.
En este caso el cliente del presunto espionaje fue el bufete Herrero y Asociados. Las víctimas, cuatro ex miembros de esta firma que constituyeron una rival, Balder Ip Law. El material hallado en el pendrive Pfizer, con las grabaciones de la negociación de los contratos con Villarejo y su socio Rafael Redondo, reveló que los servicios contratados y efectivamente prestados podrían incluir el acceso ilegítimo a tráfico de llamadas telefónicas, y acceso ilegal a bases bancarias y fiscales. Todo ello a cambio de 625.000 euros.
En las charlas, Villarejo explica a los clientes que obtener datos de Hacienda no sale gratis. Y en este contexto se cita, en el sumario, un documento word titulado «GESTIONES BIB 8.11.2003 que contiene una serie de requerimientos de información dirigidas a BIG, identificado como el investigado Enrique García Castaño, relativo a los movimientos de cuentas de Balder Ip Law». Igualmente, con igual alias, se cita otro informe que apunta en igual dirección: «El documento word titulado BIG 2 en el que se citan números de teléfono de algunos de los integrantes de Balder y el modelo 347 de Balder Ip Law».
Esta causa fue archivada en julio de 2018 por el juez Diego de Egea, entonces adscrito al juzgado 6 de la Audiencia Nacional, en contra del criterio de la fiscalía y las víctimas que, recurso a recurso, han logrado reponer a García Castaño en el banquillo de los acusados por esta vía.
En la documentación del «Proyecto Trampa», que recoge el espionaje financiado por el BBVA y ejecutado por Villarejo, también aparecen alusiones parecidas al alias de García-Castaño, Big, números de teléfonos y, a veces, hasta el número de fax oficial del excomisario destinado en la Comisaría General de Información. El juez Manual García-Castellíon, titular del juzgado número 6 y actual instructor del caso Tándem, ya investiga dicho material, requerido a MONCLOA.COM tras su publicación.
La investigación apunta que el equipo de espionaje de Villarejo contó con ayuda en el BBVA, aunque estaban un «poco reticentes» a facilitarla, para obtener información de las cuentas bancarias de los espiados.
Los jueces consideran increíble el argumentario que dio por bueno el juez De Egea: que los directivos del bufete Herrero no sabían que Villarejo era comisario ni que su investigación se realizaba con técnicas ilegales, algo que choca con el hecho de que el comisario alude en sus charlas con dichos clientes a sus poderosas relaciones policiales para obtener lo que sea y, eso sí, advierte que tales servicios, como rastrear llamadas, son peligrosos y costosos.
