Poco más de un mes después de la proclamación de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía, el dirigente popular ha arrinconado algunos de los compromisos que prometió y ha tenido que hacer frente a nombramientos polémicos y dos sorprendentes dimisiones.
El presidente del PP andaluz garantizó en noviembre crear un plan para crear 600.000 empleos en Andalucía en los cuatro años. Sin embargo, en su discurso de investidura no hizo referencia a las medidas y compromisos para generar empleo.
Rogelio Velasco, consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, destacó inicialmente que era posible crear ese volumen de empleo si se mantuvieran. Sin embargo, hace unos días no dudó en señalar que era una medida imposible de cumplir.
«Como tiremos de hemeroteca y pongamos con letras mayúsculas lo que todos los líderes o futuros ministros de Economía han prometido durante campaña electoral, le aseguro que no quedaría ni uno sano, ni uno solo… Eso es un lenguaje, una forma de expresarse durante una campaña electoral», afirmó Velasco.
Por su parte, el dirigente popular se comprometió a una Sanidad con menos “rotación” y «más sueldo” y a una dignificación de la labor de los profesionales públicos. Además, destacó que la salud era un asunto de “atención preferente” para los populares una vez gobernasen.
Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias de Andalucía, comenzó hace unas semanas a desarrollar las primeras medidas sanitarias. Por una parte, el Ejecutivo de Moreno ha destinado 10 millones de euros repartidos entre 2019 y 2020 para extender el programa de cribado de cáncer de colon a la población.
Pese a que Aguirre propuso eliminar la subasta de medicamentos, la medida no se ejecutará por el momento ya que existen contratos firmados por el Gobierno de Susana Díaz. Eso sí, el consejero dejó claro que “no se renovarán” dichos contratos.
“Estamos ante una ofensiva independentista como nunca habíamos visto en nuestro país y, además, con la connivencia y la complicidad del presidente”
Una de las noticias más sorprendentes se producía hace una semana cuando el equipo de Juan Marín colocó en la Junta al abogado Carlos Rordríguez Sierra. Este último ejerció la defensa de Rosalía García Martín, madre de El Cuco, uno de los implicados en la desaparición de Marta del Castillo.
Además, Rodríguez ejerció de abogado de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía implicado en el caso de los ERE. A partir de ahora administrará la dotación de refuerzos a los juzgados y el control de Institutos de Medicina Legal, dentro de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, responsabilidad de Marín.
El sostén del Gobierno de Moreno, Vox, se hizo con la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico del Parlamento andaluz. La formación de Santiago Abascal, que tiene 12 diputados en la Cámara, ya firmó un acuerdo con el PP con el objetivo de derogar la Ley andaluza de Memoria y suceder ésta por una Ley de Concordia.
Las comisiones parlamentarias no albergan funciones ejecutivas, por lo que el papel de la presidencia sería limitado. Por lo tanto, el partido ‘verde’ es el que dirigirá los debates sobre los asuntos que afectan a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
DIMISIONES EN EL NUEVO GOBIERNO
El que se había presentado como el fichaje estrella de Moreno, Alberto García Valera, dimitió hace unos días tras 21 días en función. El titular de Hacienda, Industria y Energía alegó un problema de salud para poder continuar al cargo de la consejería. Según informó Valera en un comunicado oficial, su equipo médico le aconsejó reposo absoluto.
El consejero cesante mostró su agradecimiento al líder andaluz, Juanma Moreno, y subrayó el “perfil técnico e independiente” del presidente popular. Además, manifestó que todas las decisiones que ha adoptado Moreno desde su investidura fueron “muy respetuosas”.
Rápidamente el Gobierno de Moreno procedió a traspasar la consejería de Hacienda al popular Juan Bravo Baena. El sustituto de Valera destaca por ser funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y fue diputado de Ceuta en el Congreso.
Elisa Fernández-Vivancos renunció un día después de su nombramiento como delegada de la Junta en Granada. Precisamente, la efímera delegada fue la responsable del gabinete jurídico que se encargo del caso Nevada por el que el Gobierno andaluz acabó condenado a pagar 165 millones de euros.
Desde la Consejería de Marín han publicado el motivo de su dimisión: «Fernandez-Vivancos considera que la inexactitud de las informaciones sobre su trayectoria profesional podría intentar perjudicar el proyecto de regeneración de la vida pública liderado por Cs y ha preferido declinar el nombramiento para evitar cualquier ataque a la nueva etapa de cambio que ilusiona a tantos y tantos andaluces
MANIFESTACIÓN CONTRA SÁNCHEZ
Finalmente, el dirigente popular cambió su agenda para poder asistir junto a Casado a la manifestación de derechas convocada en Madrid. En la radio Onda Cero aseguró que su presencia se debía a una situación de “emergencias nacionales” por “el delirio” del presidente Sánchez y los propios independentistas.
“Estamos ante una ofensiva independentista como nunca habíamos visto en nuestro país y, además, con la connivencia y la complicidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el silencio cómplice del socialismo en Andalucía”, defendió el presidente popular.
Según el presidente andaluz, el objetivo de la protesta era defender la “unidad de España” y destacó que los catalanes debían tener “un gobierno plural, diverso, que respete la diversidad y la pluralidad” de Cataluña.
