La Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 200.000 euros que la Agencia de Protección de Datos impuso a Omnium Cultural por almacenar datos ideológicos de ciudadanos. La confirmación de la sanción se produce pocos días antes de que comience el juicio del procés independentista.
El tribunal ha considerado que se produjo un tratamiento de los datos que permitía que se pudiera identificar a los ciudadanos según su posicionamiento ideológico. Esto fue consecuencia de una encuesta realizada por Omnium, con el apoyo de una aplicación informática de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
La Audiencia Nacional comparte la posición de la Agencia de Protección de Datos, ya que estima que los datos de la encuesta se archivaron de manera que se podía llevar a cabo la identificación de los ciudadanos “sin grandes esfuerzos”.
La encuesta realizada por Omnium se realizó en los meses previos a la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. El contenido de la misma versaba sobre diferentes preguntas en la hipótesis de que existiera una Cataluña independiente y sobre si los encuestados participarían o no en la citada consulta.
La Audiencia Nacional considera que para rellenar esta encuesta había que partir previamente y aceptar implícitamente “el posicionamiento ideológico que deriva de tal formulario”. Esta posicionamiento, según este tribunal, es el de ser favorable a la independencia de Cataluña.
Esto es así, según la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, porque para poder contestar a la encuesta, o al menos hacerlo en su integridad, “necesariamente ha de estarse conforme” con la independencia de Cataluña.
RESPUESTAS Y DATOS PERSONALES
La inspección que realizó la Agencia de Protección de Datos encontró que la aplicación informática para procesar la encuesta incluía tanto las respuestas como los datos personales de los encuestados. Además, las encuestas en papel que estaban almacenadas incluían un resumen a mano con anotaciones individualizadas sobre las viviendas.
En esas indicaciones se apuntaban cuestiones como “no irá a votar, no es legal, no interesa, no quiere atender, no abren, dejar a la encuesta, no quieren hacerla”, según cita la resolución.
En el resumen a mano figuraban detalles sobre “el número de puertas que no abre, o que no quieren hacer la encuesta, además de la lista de edificios a visitar” con calle, número y total de puertas.
La Audiencia Nacional relata cómo los encuestadores “cumplimentaban los formularios de aquellos ciudadanos que así lo deseaban” pero “si los encuestados no abrían la puerta o no querían o no podían responder pero se apreciaba ‘receptividad’, se preveía la posibilidad de entregar el folleto o depositarlo en el marco de la puerta” para que los encuestados lo remitieran por correo.
La encuesta se realizó por correo postal y a través de la colaboración de treinta mil voluntarios para el trabajo casa a casa. Las respuestas se entregaban en los veinte locales que tenían Omnium por toda Cataluña. Luego, esa información era tratada a través de la aplicación informática de la Asamblea Nacional Catalana.
La Agencia de Protección de Datos encontró en esa aplicación un total de 82.814 encuestas con las respuestas y datos personales. Este organismo consideró en su momento que se trataba de hechos que merecían una sanción por infracción muy grave.
La multa correspondiente se encuentra entre los 300.000 y los 600.000 euros, aunque la rebajó a 200.000 porque tuvo en cuenta que Omnium y la Asamblea Nacional Catalana eliminaron la información y separaron las respuestas y los datos personales de los encuestados cuando fueron requeridos por la Agencia de Protección de Datos para dejar de utilizar esos datos.
Por su parte, la Audiencia Nacional considera que realizó un tratamiento de datos ideológicos, que son especialmente sensibles y que la ley de protección de datos exige para los mismos un reforzamiento del consentimiento por parte de los ciudadanos que lo autoriza.
La encuesta constaba de una serie de preguntas que se desarrollaban de la siguiente manera: La primera cuestión exponía que “Si Cataluña fuera un Estado tendría entre 8.000 y 16.000 millones de euros más” por lo que preguntaba “¿Cómo piensa que se debería gastar?”.
EL NUEVO PAÍS DE OMNIUM
En el formulario se afirmaba que “si construimos un país nuevo estará en nuestras manos decidir cómo deben ser los servicios públicos” y también que “construir un nuevo país nos permitiría partir de cero y renovar la democracia”.
Finalmente, a los ciudadanos se le preguntaba si irían a votar aquel 9 de noviembre de 2014, que fue la consulta anterior al referéndum del 1 de octubre de 2017 cuyos responsables serán juzgados en próximas fechas. A esta cuestión se podía responder eligiendo tres posibilidades: que iría a votar y ya tenía decidido su voto; que lo haría, pero aún no había decidido el sentido del mismo o que no iría a votar.
Los organizadores calificaron este trabajo como la “Gigaencuesta”, ya que afectaba a tres millones de domicilios de toda Cataluña. La Agencia de Protección de Datos consideró que los datos se obtuvieron con la finalidad de ser conservados y usados posteriormente, tal como indicaba el mismo formulario.
