El PSOE de Javier Lambán quiere cerrar la legislatura con la aprobación de de la nueva ley lingüística que intenta revertir la ley aprobada por el PP en 2013, aún a riesgo de que le pase factura electoralmente en las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2019.
Los socios del PSOE en Aragón -Podemos, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista- apoyan la iniciativa y se fundamentan para ello en las tesis de la Universidad de Zaragoza, desde donde varios investigadores afirman que existen más de 55.000 aragoneses que hablan catalán (más de un 4% de la población aragonesa gracias a que en la Franja se rozaría el 54%).
Sin embargo, hay voces cada vez más crecientes que ponen en duda los números y protestan por esta supuesta imposición. La más vehemente es la de la Plataforma Aragonesa No Hablamos Catalán, que nació hace una década en Fraga con para protestar contra las crecientes tesis históricas del catalanismo respecto a los ‘Países Catalanes’.
Esta asociación también protestó por la ley de Lenguas de 2009, que ampliaba los derechos concedidos al catalán y aragonés que ya se habían reconocido en ‘La declaración de Mequinenza’ de 1984, que posibilitó el estudio optativo de las lenguas en la Franja, y subía un escalón la ley de Patrimonio Cultural de Aragón de 1999, que reconocía oficialmente el catalán y el aragonés.
Esta ley destacaba la utilización predominante del catalán en 22 localidades de Huesca, en 25 de Teruel y en 5 de Zaragoza. Pero fue tumbada en 2013 por el PP, que sacó adelante la ley de Lenguas de Aragón de 2013, que dejaba sin carácter oficial a ambas lenguas. El PSOE ahora con sus socios pretende revertir la situación a 2009.
La consejera aragonesa de Educación, Cultura y Deporte, María Teresa Pérez Esteban (PSOE), remitió hace unos días una carta a varios ayuntamientos para informarles de que habían sido incluidos en el listado que ha elaborado la Dirección General de Política Lingüística controlada por la Chunta Aragonesista, formación que en mayo podría concurrir a las europeas con otras formaciones nacionalistas como Compromís.
Pérez Esteban señalaba a los consistorios que tenían un plazo de dos meses para «manifestarse sobre ello» y algunos ya lo han hecho. Es el caso del regidor popular de Valderrobles, Carlos Boné, que lideró el rechazo del pleno a las pretensiones del Gobierno y denunció un intento de maquillaje conocido en algunos ámbitos como ‘chapirrau’ llamándolo catalán.
CONTRA LAS PRETENSIONES DE LAMBÁN
La citada plataforma también denuncia que en la lista de pueblos donde se supone que se habla catalán se incluyen localidades donde su uso es minoritario o nulo como Huesca, Barbastro, Monzón, Jaca, Almudévar, Siétamo, Berbegal, Castejón del Puente, Tardienta o Almunia de San Juan.
También destacan que localidades oscenses como Laspaúles o Aznauy-Alins se hayan caído de la lista de localidades que hablan catalán tras sus protestas vecinales y ahora, a ojos del Gobierno de Lambán, sólo hablan aragonés. Por último, rechazan que el término ‘chapirrau’ en la zona oriental de Aragón tenga las connotaciones peyorativas que denuncia el Ejecutivo aragonés tras acogerse a su origen etimológico.
La PNHC también denuncia la subvenciones otorgadas por el PSOE, ya en tiempos de Marcelino Iglesias y Juan Alberto Belloch, a revistas en catalán o certámenes joteros en la misma lengua.
El Gobierno regional, sin embargo, hace caso omiso a las pretensiones de la asociación tras acogerse a los datos del Instituto Aragonés, que afirma que el 90% de los habitantes de las cinco comarcas donde se habla catalán comprenden el idioma (La Ribagorza, La Litera, Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe y Matarraña).
Es evidente que la deriva del procés no ha ayudado a la regulación lingüística del catalán en Aragón, región donde se miran con recelos las pretensiones pseudohistóricas del independentismo y donde se aplaudió mayoritariamente la sátira musical que realizó el exitoso programa humorístico ‘Oregón Televisión’ sobre este hecho.
