El Gobierno de Pedro Sánchez ha empezado a introducir en los últimos días un matiz significativo en su discurso sobre Cataluña, evitando referirse a los independentistas con esta etiqueta.
Así, tanto el jefe del Ejecutivo como alguno de sus ministros han optado por convertir a los independentistas en simples «nacionalistas», con los que sería más sencillo lograr un acuerdo puesto que no perseguirían como única meta la independencia, sino que podrían conformarse con algo a medio camino, según el razonamiento —o deseo, más bien— del Gobierno.
“Hay que llegar al territorio que nos ponga de acuerdo entre la sociedad catalana, entre nacionalistas y no nacionalistas. Es lo que busca el Gobierno, que se dirige a la totalidad de la sociedad catalana, a nacionalistas y no nacionalistas”, defendía el viernes pasado la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La ministra mostró incluso su convencimiento de que «esto que es deseable va a ser posible» porque, ni las movilizaciones en la calle ni ninguna otra vía que no sea la del diálogo y el pacto entre el Ejecutivo español y la Generalitat, traerán una solución al conflicto actual.
«El único punto donde se une la mayoría de catalanes es su autogobierno. (…) podemos llegar a un acuerdo entre los catalanes que son nacionalistas y los que no»
En esa intervención, Celáa dividió la sociedad catalana en nacionalistas y no nacionalistas, borrando de un plumazo a quienes sólo se conforman con la independencia, como si este colectivo ya no existiese o hubiese mutado de modo natural a un estado más moderado.
Dos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, empleaba la misma fórmula que su portavoz en la entrevista que le hizo la periodista Ana Pastor en el programa ‘El Objetivo’ de La Sexta.
“El único punto donde se une la mayoría de catalanes es su autogobierno. En torno a la idea del autogobierno podemos llegar a un acuerdo entre los catalanes que son nacionalistas y los que no”, dijo el presidente, que sí empleó el término independentista, pero no para incluirlos en un eventual acuerdo, sino para pedirles que hagan autocrítica y sean conscientes de que la mayoría de la sociedad catalana no apuesta por desgajarse de España.
El lenguaje empleado por el Gobierno dista mucho del que utiliza, por poner un ejemplo, el diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, para quien la sociedad catalana se divide entre “independentistas” y “autonomistas”, extremos desde los que resulta más difícil lograr un mínimo común denominador, que es en lo que está el Ejecutivo.
El Gobierno de Pedro Sánchez rechaza de manera frontal autorizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña que permitiese a este territorio decidir de manera unilateral irse de España. Ofrece, en cambio, una reforma del Estatut -que tendrían que votar en última instancia los catalanes en referéndum- para darle a Cataluña aún más autogobierno del que ya tiene.
Sánchez cree que parte del problema actual viene provocado por la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2010, y en respuesta a un recurso interpuesto por el PP, recortó parte del Estatut que los catalanes ya habían votado y aprobado en referéndum, aunque con una baja participación.
LA CONSULTA QUE IDEA PEDRO SÁNCHEZ
Por eso los socialistas piensan que el problema se resolvería si se permitiese a los catalanes votar un nuevo Estatuto de Autonomía con la garantía de que el Tribunal Constitucional no lo va a modificar después, ya que en 2015 se recuperó el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía, que establece la obligación de resolver los recursos antes de que el texto termine su tramitación en las Cortes.
De nuevo jugando con las palabras y envolviéndolas en un papel más atractivo, hace pocas semanas Sánchez presentó esa consulta legal y preceptiva como un “referéndum de autogobierno”.
