La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, volvió a intentar esta semana que el Parlament reabra sus puertas para celebrar un pleno coincidiendo con el primer aniversario de las polémicas sesiones del 6 y 7 de septiembre del año pasado con las llamadas leyes de desconexión, en las que “se silenció a la oposición violando los derechos de millones de catalanes”.
El cierre de facto del Parlamento catalán hasta después del 1 de octubre por decisión de las fuerzas independentistas –JxC y ERC– está provocando una situación surrealista que seguramente no tiene precedentes en la historia democrática española: más de 2.000 iniciativas están paradas en el Legislativa catalán, de las cuales un millar corresponden a Ciudadanos.
Una de esas iniciativas bloqueadas en la iniciativa de Ciudadanos de poner en marcha una comisión de investigación sobre la corrupción del 3% en Cataluña. “El procés no sólo fue cortina de humo para tapar recortes y la corrupción del 3%. También sirve al separatismo para cerrar el Parlament y bloquear, entre otras muchas iniciativas, la comisión de investigación de Cs sobre uno de los mayores escándalos de gestión en la Generalitat”, censuró Arrimadas en su cuenta personal de Twitter.
A 30 de julio, los grupos políticos habían registrado un total de dos mil iniciativas, entre propuestas de resolución, preguntas orales, solicitudes de documentación, solicitudes de comparecencia y proyectos de ley, según desveló La Vanguardia a finales de agosto.
“El procés no sólo fue cortina de humo para tapar recortes y la corrupción del 3%»
Desde que se invistiera al president de la Generalitat, Quim Torra, en la Cámara catalana tan solo se han aprobado dos leyes. La primera fue para reformar la ley de Presidencia y permitir la investidura a distancia de Carles Puigdemont. Una reforma polémica que, por ahora, no ha tenido ninguna utilidad práctica.
La segunda fue la que permitió ampliar el plazo de acreditación del nivel de inglés en las universidades. Hay asimismo cuatro proyectos de ley en trámite enviados desde el Govern –heredados de la legislatura anterior– y 22 proposiciones de ley de los diferentes grupos parlamentarios.
POLEMICAS EN TORNO A LA MESA
Durante estos meses el Parlament ha destacado más por las discrepancias de los miembros de la Mesa y de los propios grupos independentistas que por su productividad. Así, las polémicas alrededor de las deliberaciones de la Mesa han centrado gran parte de las intervenciones de los portavoces de los grupos.
Una consecuencia de ello es que los letrados de la Cámara son citados continuamente por unos y otros para censurar o defender la actuación del presidente del Parlament, Roger Torrent, al frente de la institución. Gran parte de la actividad de la Cámara, en especial la de los grupos de la mayoría de Govern y la CUP, se ha centrado en posicionamientos y hechos simbólicos más que no en acuerdos con impacto real en la administración del día a día.
Una de las iniciativas que más atención recibió fuera y dentro del Parlament fue la “restitución” simbólica de Puigdemont. El pleno aprobó en marzo, con los votos de JxCat, ERC y la CUP, una resolución en la que se reivindicaba al expresident como el legítimo candidato a la presidencia de la Generalitat, aunque no tenía ningún efecto.
INÉS ARRIMADAS AMENAZÓ CON UNA QUERELLA
Otro de los momentos simbólicos clave llegó a principios de julio, cuando los mismos grupos aprobaron una moción impulsada por los anticapitalistas para reafirmar la declaración de ruptura del 9-N del 2015, anulada por el TC. Esta declaración situaba las decisiones del Parlament por encima de los tribunales españoles y tampoco se ha traducido en nada más que la amenaza de una querella presentada por Inés Arrimadas.
JxCat y ERC acordaron suspender el último pleno programado de julio por discrepancias sobre la suspensión de Puigdemont como diputado dictada por el Tribunal Supremo. Hasta después del aniversario del referéndum del 1-O, efeméride en la que el Govern quiere centrar toda su atención, el Parlament no volverá a celebrar sesiones, que comenzarán con el debate de política general. Para entonces, JxCat y ERC se han emplazado a acordar una solución para la suspensión del expresident.
