Se siguen deslizando detalles sobre el presunto espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas por parte del Ministerio de Interior dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz. En un escrito de 52 páginas, la Fiscalía Anticorrupción señala cómo funcionaba ese supuesto espionaje que buscaba recopilar información sensible que pudiera salpicar a dirigentes del PP. Y todo pasaba por las «labores operativas» de Sergio Javier Ríos Esgueva, el chófer de Bárcenas, a quien, según el documento de los fiscales, parte de la cúpula policial habían ofrecido 2.000 euros al mes de los fondos reservados y un futuro puesto dentro de la Policía Nacional.
En la operación impulsada desde la cúpula de Interior había varios altos cargos de la Policía. “Puesta en marcha esta ilícita operación policía en el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el entonces Director Adjunto Operativo del CNP Eugenio Pino Sánchez, con abuso de sus funciones, habría encomendado en primera instancia a Marcelino Martín Blas, Jefe de la Unidad de Asuntos Internos, y posteriormente a Enrique García Castaño, Jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información, José Manuel Villarejo, Comisario adscrito al DAO y Andrés Manuel Gómez Gordo, Inspector Jefe también provisionalmente adscrito al DAO para estos concretos fines», detallan desde la fiscalía.
«El desarrollo de labores operativas para obtener del cocinero o K2, esto es, Sergio Javier Ríos Esgueva, a cambio de la entrega mensual de 2.000 euros, más gastos, procedentes de los fondos reservados, y el posterior ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, información que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado al que definen como zulo documentación comprometedora para el PP y para altos cargos del mismo en posesión de Luis Bárcenas y de su esposa Rosalía Iglesias», prosiguen.
Pero lo más delicado es el presunto «sueldo» que Interior pagaba al chófer para que intentara sacar toda la información posible. «El interés por la obtención del botín de la Operación Kitchen lo traslada el propio José Manuel Villarejo a la persona que fue captada para ello, Sergio Ríos Esgueva, tal y como consta en el audio de 2 de octubre de 2013 aportando junto al Oficio policial que dio lugar a la presente pieza separada. En dicha conversación, ambos hablan sobre la problemática del Partido Popular con Bárcenas y la posesión que éste tendría de material comprometedor para los altos dirigentes de dicho partido político Mariano Rajoy Brey, María Dolores de Cospedal y Javier Arenas», detallan.
Con todo esto se desliza que el PP consideraba que el material de Bárcenas podía afectar directamente al entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy y por ello dio el visto bueno a que se diera un pago con dinero público al chófer de Bárcenas con el único objetivo de evitar consecuencias para el partido.
Todo esto señala directamente al exministro Fernández Díaz y a la exministra Cospedal, quienes tuvieron trato directo con la cúpula policial que llevó a cabo la operación Kitchen y quienes podrían ser imputados si el juez considera la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Por el momento, este medio se ha puesto en contacto tanto con el exministro de Interior pero éste ha rehusado dar cualquier declaración antes de hablar con el juez.
El excomisario José Manuel Villarejo, uno de los que se encargó de captar al chófer de Bárcenas y con quien tuvo trato Cospedal directamente para estos «encargos puntuales» hablaba de que incluso si Ríos Esgueva estaba dentro del CNP, no daría problemas a futuro.
Durante las grabaciones se escucha al propio Villarejo convenciendo al chófer de que si le cazan en su labor operativa debe reaccionar de una determinada manera, que no es otra que simplemente decir que ha colaborado con la policía y que no ha hecho nada ilegal. Todo instruido y pagado directamente con los fondos reservados, además de la promesa de ser funcionario, un buen sueldo a cambio de proteger presuntamente los intereses de los altos cargos de entonces del Partido Popular.