La noticia de la posible salida de Cataluña del régimen común de financiación autonómica ha generado gran preocupación en la comunidad gallega. Según las estimaciones de la Xunta de Galicia, esta medida supondría una pérdida de 628 millones de euros para la región, una cifra mucho mayor a la previamente calculada.
El conselleiro de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos, ha advertido que esta situación representaría un «mayor perjuicio» para la comunidad autónoma en comparación con las cifras anteriores. Estas declaraciones se produjeron durante una jornada organizada por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), en la que también participó la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero.
La Pérdida Estimada para Galicia
Según los cálculos de la Xunta de Galicia, la salida de Cataluña del régimen común supondría una pérdida de 628 millones de euros para la comunidad autónoma gallega. Esta cifra representa un incremento considerable en relación a las estimaciones previas, que situaban la pérdida en torno a los 444 millones de euros.
El conselleiro de Hacienda, Miguel Corgos, ha resaltado que esta situación sería aún más perjudicial para Galicia de lo que se había anticipado inicialmente. La región se vería significativamente afectada por la salida de Cataluña del sistema de financiación autonómica, lo que tendría un impacto directo en los recursos disponibles para el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Corgos ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que determine las nuevas normas fiscales que deberán aplicarse, de acuerdo con el nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea, que entró en vigor el pasado 30 de abril. Esta definición de las reglas a seguir es fundamental para que las administraciones públicas puedan planificar y ejecutar sus presupuestos de manera adecuada.
El Llamamiento a la Responsabilidad Fiscal
Durante la jornada organizada por la CEG, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, también ha intervenido para hacer un llamamiento a la responsabilidad de todas las administraciones públicas en el desarrollo de un plan fiscal estructural que permita cumplir con las nuevas reglas fiscales.
Herrero ha señalado que, en este sentido, «se va tarde», lo que evidencia la urgencia de tomar medidas para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal juega un papel clave en el control y asesoramiento a las diferentes administraciones en materia de política fiscal.
En este contexto de incertidumbre y presión fiscal, el Gobierno central ha anunciado el aplazamiento de la tramitación de la senda de déficit en el Congreso de los Diputados, debido a la falta de apoyos necesarios. Esta decisión refleja la complejidad del escenario actual y la necesidad de alcanzar consensos políticos para abordar los desafíos económicos que enfrentan las comunidades autónomas, como es el caso de Galicia.
