La reciente decisión de la Fiscalía Superior de Canarias de suspender de forma cautelar el protocolo de acogida de menores migrantes en la comunidad autónoma ha desencadenado un intenso debate político en las Islas Canarias. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha respondido de manera contundente a las críticas, defendiendo su posición y cuestionando la supuesta dependencia política de la Fiscalía.
La Fiscalía y el Protocolo de Acogida de Menores Migrantes
El presidente Clavijo ha ironizado sobre la dependencia política de la Fiscalía Superior de Canarias, sugiriendo que esta institución actúa bajo dictados ajenos. Según Clavijo, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) han pedido «volver a lo que hacían» en la pasada legislatura, es decir, «recoger a los niños sin foto, sin registro, sin número y entregárselo a un particular». Sin embargo, el mandatario canario ha dejado claro que no está dispuesto a hacer eso, argumentando que no se garantizan los derechos de los menores en ese modelo.
Clavijo ha cuestionado la actuación de la Fiscalía, preguntándose «dónde estaba» durante la pasada legislatura, cuando se implementaba el protocolo que ahora ha sido suspendido. Además, ha criticado el hecho de que el Gobierno autonómico no va a burocratizar más la acogida de menores migrantes ni a recibirlos como si fueran «cajas de manzanas.
El Papel de la Oposición y la Búsqueda de la Unidad
Por su parte, el portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, ha calificado de «vergonzosa» la insinuación de Clavijo sobre la profesionalidad de la Fiscal Superior, María Farnés, a quien ha descrito como una profesional que «no se deja llevar por dictados de nadie» y que ha impulsado la suspensión del «protocolo de la vergüenza» que incrementaba la «inseguridad jurídica» y «antepone» la burocracia al interés de los propios menores.
Campos ha acusado a Clavijo de actuar de forma «unilateral» al elaborar el protocolo al margen del pacto migratorio, así como al firmar el acuerdo con el Partido Popular (PP), con el que su formación no comparte muchos aspectos. En este sentido, ha reclamado «volver a la unidad» en torno a este tema tan sensible.
Una Cuestión de Derechos y Responsabilidades
El debate en torno a la acogida de menores migrantes en Canarias se ha convertido en una cuestión de derechos y responsabilidades, con la Fiscalía Superior y la oposición cuestionando el modelo propuesto por el Gobierno regional, mientras que este defiende su postura y cuestiona la supuesta dependencia política de la institución fiscalizadora.
La suspensión cautelar del protocolo de acogida ha puesto de manifiesto las tensiones y discrepancias entre las distintas fuerzas políticas en torno a este tema, lo que evidencia la necesidad de un diálogo constructivo y de un enfoque coordinado que anteponga los derechos y el bienestar de los menores migrantes a los intereses partidistas.
