La Audiencia Nacional se enfrenta a una decisión crucial este lunes: determinar si deja sin efecto el procesamiento de tres exjefes de ETA por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato en 1997 del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Los exdirigentes de la banda terrorista Mikel Albisu Iriarte, alias ‘Mikel Antza’; María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’; e Ignacio de Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’, podrían ver cómo se archiva su procesamiento por este crimen que conmocionó a España.
El tribunal deberá pronunciarse sobre el recurso interpuesto por la defensa de los procesados, al que se adhirió la Fiscalía. El argumento central de la defensa se basa en la prescripción de los hechos al haber transcurrido más de 20 años desde el asesinato. Durante la vista, todas las partes expondrán sus argumentos antes de que la Audiencia Nacional tome una decisión definitiva.
La autoría mediata por dominio de la organización, clave en el caso
Es importante recordar que el juez Manuel García Castellón procesó a estos tres exmiembros del Comité Ejecutivo de ETA y a José Javier Arizcuren, alias ‘Kantauri’, bajo la figura de la autoría mediata por dominio de la organización. En otras palabras, se les considera implicados en el asesinato por su posición de liderazgo dentro de ETA, lo que les habría permitido impedir el crimen.
El caso de ‘Kantauri’ no será objeto de esta vista, ya que este exdirigente de la banda terrorista ya fue procesado por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 2016 por el juez Eloy Velasco, cuando aún no se habían cumplido 20 años del asesinato.
La resolución del juez García Castellón que llevó al procesamiento de los tres exjefes de ETA se basó en un profundo análisis de la estructura y el funcionamiento de la banda terrorista. El magistrado describió a ETA como una organización «fuertemente jerarquizada» con una «rígida disciplina».
«Una organización terrorista fuertemente jerarquizada en la que imperaba una rígida disciplina», sentenció el juez en su auto.
El juez García Castellón argumentó que la cadena de mando vertical y «militar» dentro de ETA implicaba que las órdenes del Comité Ejecutivo eran irrefutables y de obligado cumplimiento para los comandos operativos.
«Cada miembro […] obedecía las órdenes […] porque sabía que detrás […] estaba la ‘Dirección’ de ETA, su Comité Ejecutivo», explicó el juez.
Según el magistrado, el núcleo dirigente de ETA, compuesto por los procesados, era el responsable de las decisiones estratégicas de mayor relevancia, como la comisión de atentados. Estas directrices eran ejecutadas por los comandos sin posibilidad de objeción. De hecho, la negativa a cumplir una orden podía suponer la sustitución del miembro del comando por otro dispuesto a acatar las directrices del Comité Ejecutivo.
El juez, basándose en informes policiales, destacó que la estrategia de ETA en 1997 se centraba en la «desestabilización» mediante acciones terroristas contra miembros del Partido Popular, partido que gobernaba España en aquel momento. El secuestro de Miguel Ángel Blanco se enmarcó dentro de esta estrategia, utilizando el secuestro de un militante del PP y la amenaza de su asesinato como método de presión al Gobierno.
La capacidad de decisión de los procesados sobre la actividad terrorista de ETA, incluyendo la posibilidad de ordenar la liberación de Miguel Ángel Blanco, es el eje central de la acusación.
