La Junta de Andalucía ha buscado matizar la trascendencia de la suspensión temporal de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que concedió para la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla). Según el Gobierno andaluz, esta situación es solo un contratiempo más que algo con mayores consecuencias, debido a que dicha suspensión no implica la cancelación definitiva del proyecto.
El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha sido el encargado de transmitir este mensaje, relativizando la suspensión y resaltando que se trata de un «trámite previo de dos años» en el que se ha actuado con el «rigor y la solvencia» necesarios. Asimismo, ha señalado que los proyectos mineros son los más complejos, por lo que están «sometidos a períodos de información pública, al trámite de audiencia» antes de su aprobación.
La Autorización Ambiental Unificada y el Recurso de Alzada
La suspensión temporal de la AAU se produjo tras un recurso de alzada interpuesto por Ecologistas en Acción ante la Administración andaluza. Según esta organización ecologista, el proyecto de reapertura de la mina implica verter 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados durante 18 años y medio, con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos en un entorno declarado como Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000.
Mientras los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía analizan las exigencias de este recurso de alzada, Paradela ha asegurado que no prevén «otras consecuencias» y que se encuentran «ocupados en atender a ese recurso», con la convicción de que «una vez se atienda el recurso no impedirá la tramitación sustantiva» del proyecto minero.
El Proyecto Minero y sus Implicaciones
El proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar cuenta con la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (cobre, zinc y plomo) durante al menos 17 años, una vez superados los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.
Ante la pregunta de si el Gobierno andaluz habría optado por los intereses empresariales frente a los propiamente ciudadanos o puramente ambientales, Paradela ha replicado que «no podemos hacer una política industrial de espaldas a los ciudadanos» y que no sería viable «un proyecto que no cumpla la legalidad vigente. Además, ha destacado la «cantidad de análisis previos a que se realice el vertido», como «las 1.500 analíticas antes de empezar a verter en tres puntos diferentes del proyecto diariamente».
El Gobierno andaluz se muestra convencido de que, tras atender el recurso de alzada presentado por Ecologistas en Acción, no se impedirá la tramitación sustantiva del proyecto minero de Aznalcóllar. Sin embargo, la suspensión temporal de la Autorización Ambiental Unificada ha puesto de manifiesto la complejidad y las implicaciones ambientales de este tipo de proyectos, lo que exige un exhaustivo análisis y un cuidadoso equilibrio entre los intereses empresariales, ciudadanos y medioambientales.
