Begoña Gómez ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Madrid para pedir el archivo de su caso tras la ampliación de la denuncia de HazteOír, publicada este fin de semana por MONCLOA. La defensa, representada por Antonio Camacho, carga contra todo y contra todos en el escrito, mientras se aferra al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que solo veía indicios de delito en los contratos del empresario Juan Carlos Barrabés con Red.es, una rama del caso que afecta a fondos europeos, motivo por el que la Fiscalía Europea indaga también en el asunto.
La esposa del presidente del Gobierno, imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tilda la investigación del titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid de «universal», «prospectiva» -ilegal en España- e «inquisitorial». Todo tras la ampliación de la querella de HazteOír, un escrito de apenas siete folios en los que se pide la imputación de las empresas que han estado directamente vinculadas con Begoña Gómez, como Inmark Europa, Wakalua y la Organización Mundial del Turismo, cuyo presidente, Zurab Pololikashvili, llegó a invitarla como «primera dama» a reuniones con jefes de Estado y ministros de África.
Según el auto del juez del Peinado, a Begoña Gómez se le investiga por sus actividades profesionales desde que llegó a La Moncloa, pero solo por los contratos expuestos en la querella, ni uno más ni uno menos. Por esta razón, tumbó el argumento de una «investigación prospectiva», tal y como afirmó la defensa de Begoña Gómez. Este tipo de pesquisas es ilegal en España ya que tratan de abrir vías de investigación a raíz de las posibles averiguaciones que pudieran aparecer en las mismas, sin atenerse así a los hechos concretos por los que se ha querellado.
LA DEFENSA DE BEGOÑA GÓMEZ ENDURECE SU ESCRITO
La causa está abierta raíz de las acusaciones de Manos Limpias, a las que se sumaron después Vox y HazteOír, que ha ampliado su escrito. La primera denuncia, del sindicato Manos Limpias, se centró en informaciones periodísticas, pero que la UCO de la Guardia Civil no llegó a anular por completo dado que se procedió al registro de Red.es. La Fiscalía llegó a recurrir el mandato del juez Peinado a la UCO ante la Audiencia Provincial. Lo hizo mediante un recurso de apelación directa con el fin de revocar el auto el pasado 24 de abril. La causa estaba aún bajo secreto de sumario.
La Audiencia de Madrid aceptó en parte el recurso de la Fiscalía, que apuntó directamente a los contratos de Red.es como única vía de investigación, pero dichos contratos están en manos ahora de la Fiscalía Europea. En su respuesta, el juez Peinado afirmó que había más contratos por indagar. Según la UCO y la propia plataforma de contratación del Estado apuntan a un total de 99, motivo por el que se continuó con el caso.
La defensa de Begoña Gómez insiste en el argumento del desconocimiento para tratar de tumbar el caso. La esposa del presidente del Gobierno esquivó su comparecencia el pasado 5 de julio por un defecto burocrático, al no serle notificado a Antonio Camacho la ampliación de la querella de HazteOír, un texto de apenas siete folios en los que se pide la imputación de empresas relacionadas con la esposa de Pedro Sánchez.
LA FISCALÍA EUROPEA TENDRÍA LA ÚNICA VÍA
El juez respondió que se investigan «todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo desde que su esposo es el Presidente del Gobierno de España y que se contienen en la denuncia inicial con la excepción de los contratos que ha asumido la Fiscalía Europea».
Para la defensa de Begoña Gómez «es un ejemplo práctico de lo que la doctrina ha venido en llamar una Investigación Prospectiva que está absolutamente proscrita en un sistema procesal democrático», según se desprende de su último recurso. En este sentido, insiste en que el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid está yendo más allá de la investigación formulada en las denuncias. A su juicio, no hay ningún «elemento probatorio» para iniciar la investigación en los «ámbitos en los que lo lleva a cabo el juzgado en este momento».
Asimismo, la defensa de Begoña Gómez endurece su mensaje ante la Audiencia Provincial de Madrid. Así, ha pasado de investigación «prospectiva» a añadir la apostilla «inquisitorial». A juicio de Antonio Camacho, «no cabe en la Jurisdicción Penal» una investigación de «toda la vida» de Begoña Gómez, ni siquiera con la vinculación de esa formulación que hace el auto objeto de recurso a la denuncia inicial del Sindicato Manos Limpias».
BEGOÑA GÓMEZ EXIGE EL ARCHIVO
«No cabe -insiste- una investigación de todos los actos, conductas y comportamientos de nadie en un sistema procesal penal democrático». El también exministro con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero afirma que el juez Peinado habría sobrepasado «los límites de la investigación» al presentar el caso sin prueba alguna, más allá de los contratos con Red.es.
Cabe señalar que el juez Peinado indaga en contratos con la administración pública, como los cuatro concedidos por el Ayuntamiento de Madrid, así como el del Consejo Superior de Deportes (CSD). Para Antonio Camacho, no hay la «mínima base indiciaria» que relacione a Begoña Gómez con esos contratos, investigados en su día por la UCO y sin que haya vinculación alguna tampoco con Air Europa.
«Mi representada debe dejar de estar en este procedimiento en calidad de investigada. Y todo ello sin perjuicio de que los hechos por los que se inició esta causa estén siendo investigados por la Fiscalía Europea», afirma. El recurso no menciona las cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez a licitaciones de Juan Carlos Barrabés. En concreto, escribió al menos dos.
JUAN CARLOS BARRABÉS, LA VÍA DE INVESTIGACIÓN CONTRA BEGOÑA GÓMEZ
La denuncia sostiene que uno de los beneficiarios de estas recomendaciones sería Juan Carlos Barrabés, a quien se le habrían adjudicado licitaciones por un valor total de 20,2 millones de euros. Además, se señala que este empresario fundó el Máster de Transformación Social Competitiva, en el que la cátedra de Begoña Gómez habría contratado como profesor asociado.
Por otro lado, se menciona a Víctor de Aldama, investigado por la Audiencia Nacional en el caso Koldo, quien habría sido el contacto de Begoña Gómez en Globalia y habría obtenido 6,67 millones de euros antes de que se negociara el rescate de la compañía. Para entonces se conoció que Air Europa acordó el pago de 40.000 euros anuales al África Center, dirigido por Begoña Gómez, y que el acuerdo entre Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para la esposa del presidente y su equipo.
NI RASTRO DE LA CÁTEDRA DE LA COMPLUTENSE PARA BEGOÑA GÓMEZ
El juez Peinado trata de averiguar el papel que tuvo Begoña Gómez con el rescate de Air Europa, mientras también se investiga cómo llegó a ser la directora de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid sin tener titulación alguna.
El rector de la Complutense, Joaquín Goyache Goñi, entró en una serie de contradicciones entre lo aportado a la opinión pública y ante el juez en calidad de testigo. Según afirmó, Begoña Gómez le llamó para entrevistarse La Moncloa y poco después surgió la cátedra extraordinaria, una versión que dista y mucho de que nada tuvo que ver con el nombramiento de la esposa del presidente del Gobierno como directora. De hecho, es una anomalía entre las 54 cátedras extraordinarias que imparte la Complutense.
