La reciente detención y posterior liberación de un joven saharaui en el aeropuerto de Loiu (Vizcaya) ha puesto en el centro del debate público la necesidad de una política migratoria más justa y respetuosa con los Derechos Humanos. La diputada del grupo plurinacional Sumar, Tesh Sidi, ha sido una de las voces más destacadas en esta reivindicación, exigiendo al Ministerio del Interior que conceda un permiso de autorización de entrada en el país al activista saharaui.
En un vídeo difundido en redes sociales, Sidi ha explicado que la liberación del joven es un paso positivo, pero insuficiente. Según la diputada, el Ministerio del Interior ha intentado deportarlo a Marruecos en varias ocasiones, lo que supondría la vulneración «automática» de sus derechos, ya que como saharaui nacido bajo la ocupación marroquí, adquiere por obligación la ciudadanía de ese país y pierde el amparo legal.
Un Llamado a la Acción Humanitaria y Progresista
Sidi ha manifestado que todas las formaciones de Sumar están trabajando para que el Ministerio del Interior le expida al joven saharaui un permiso de autorización de entrada a España por motivos humanitarios. La diputada ha enfatizado que «un Gobierno progresista se diferencia de las derechas racistas por poner los Derechos Humanos en el centro de sus políticas».
En este sentido, Sidi ha criticado la «extrema derecha racista que campea a sus anchas en Europa» y ha hecho un llamado a que la respuesta del Gobierno sea la defensa de los Derechos Humanos en su política exterior y migratoria.
La Importancia de la Solidaridad y la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes
La situación del joven saharaui detenido en el aeropuerto de Loiu pone de manifiesto la vulnerabilidad de los inmigrantes, especialmente de aquellos provenientes de países en conflicto o bajo ocupación. Colectivos sociales y activistas han jugado un papel fundamental en parar su deportación a Marruecos, demostrando la importancia de la solidaridad y la defensa de los Derechos Humanos.
Asimismo, el caso evidencia la necesidad de que los Gobiernos progresistas adopten una postura firme y coherente en materia de política migratoria, priorizando la protección de los Derechos Humanos por encima de consideraciones de seguridad o intereses geopolíticos. Solo así podrán diferenciarse de aquellas fuerzas políticas que anteponen el rechazo y la xenofobia a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.
