La protección de la fauna silvestre es un tema de vital importancia para la conservación de nuestros ecosistemas. En este contexto, un reciente caso en la provincia de Ávila ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en las infraestructuras eléctricas para evitar daños a las especies protegidas. La muerte de 18 aves, algunas de ellas en peligro de extinción, ha desencadenado una investigación que pone en el punto de mira a los responsables de un tendido eléctrico aéreo ubicado en Sanchindrián.
El suceso, que ha conmocionado a la comunidad conservacionista, involucra a tres personas que están siendo investigadas por presuntos delitos contra la flora y la fauna, los recursos naturales y el medio ambiente, así como por falsedad documental. La gravedad del caso radica no solo en el número de aves afectadas, sino también en el estatus de protección de las especies involucradas, que incluyen milanos reales, catalogados como especie en peligro de extinción. Este incidente subraya la importancia de la vigilancia y el cumplimiento estricto de las normativas ambientales en infraestructuras que puedan suponer un riesgo para la vida silvestre.
Detalles de la investigación y hallazgos
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por una asociación ecologista a través de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila. Ante la gravedad de la situación, la Guardia Civil puso en marcha la operación Samilvus para esclarecer los hechos. Las necropsias realizadas revelaron que las muertes de los ejemplares ocurrieron entre octubre de 2021 y julio de 2023, todas ellas causadas por electrocución.
Las aves afectadas estaban incluidas en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que aumenta la seriedad del caso. Entre las víctimas se encontraban milanos negros, busardos ratoneros, un búho real, un buitre leonado, un cernícalo vulgar, una garza real, una cigüeña blanca y tres milanos reales. Estos últimos están catalogados como especie en peligro de extinción, lo que añade un nivel adicional de preocupación y urgencia a la investigación.
La línea eléctrica donde se produjeron las muertes es de propiedad privada y está ubicada en una zona de gran importancia ecológica. Se encuentra dentro de un área designada para la recuperación de la Cigüeña Negra y en una Zona de Distribución de Especies Amenazadas, que incluye el Águila Imperial Ibérica y el Milano Real. Además, en las proximidades existe una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) incluida en la Red Natura 2000, lo que subraya la relevancia ambiental del área afectada.
Negligencias identificadas y responsabilidades legales
La inspección realizada por los agentes de la Guardia Civil reveló que el tendido eléctrico carecía de las protecciones requeridas para evitar la colisión y electrocución de aves. Esta negligencia es particularmente grave considerando que los terrenos por los que discurre la línea están catalogados como zona de protección para avifauna, con un riesgo muy alto de electrocución y colisión. La falta de medidas de seguridad adecuadas en un área tan sensible refleja una seria omisión de las responsabilidades ambientales por parte de los propietarios.
Los investigadores determinaron que los propietarios de la explotación avícola y titulares de la línea eléctrica no adoptaron ninguna medida urgente y necesaria para evitar la muerte de las aves, a pesar de ser conocedores de las deficiencias del tendido. Esta inacción deliberada frente a un problema conocido agrava la responsabilidad legal de los implicados, al demostrar una falta de diligencia en la protección de especies amenazadas.
Además de los propietarios, se ha procedido a investigar a una tercera persona: el inspector responsable de la inspección de la línea eléctrica de alta tensión. Se le acusa de no haber hecho constar en el acta de inspección las deficiencias y carencias del tendido eléctrico en cuanto a las medidas de salvaguarda contra la colisión y electrocución de avifauna. Esta omisión en el informe oficial plantea cuestiones sobre la efectividad de los controles y la integridad de los procesos de inspección en infraestructuras críticas para la protección de la fauna.
Impacto ambiental y consecuencias económicas
El daño causado al ecosistema por la muerte de estas aves protegidas no se limita solo a la pérdida de biodiversidad. Un informe pericial solicitado para valorar económicamente el impacto ha arrojado una cifra alarmante: 984.683,83 euros. Esta valoración refleja la magnitud del perjuicio causado al medio ambiente y subraya la importancia de implementar medidas preventivas adecuadas en infraestructuras que puedan afectar a la fauna silvestre.
La operación policial que ha llevado a cabo esta investigación ha sido un esfuerzo conjunto de varias entidades, incluyendo el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, y la Unidad Central Operativa del Servicio de Protección de la Naturaleza (UCOMA) de la Guardia Civil. También han colaborado el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo y el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Ávila.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia y control sobre las infraestructuras que pueden suponer un riesgo para la fauna protegida. También resalta la importancia de la colaboración entre diferentes organismos y la sociedad civil en la protección del medio ambiente. Es fundamental que se tomen medidas más estrictas para prevenir futuros incidentes similares y que se establezcan sanciones ejemplares para aquellos que incumplan las normativas de protección ambiental, especialmente en áreas de alto valor ecológico.
