El Obispado de Mallorca se enfrenta al Tribunal Supremo

La propiedad del Monasterio de Santa Isabel en Palma de Mallorca se ha convertido en un asunto de disputa legal entre el Obispado de Mallorca y las monjas Jerónimas que residen en el recinto. Después de que la Audiencia Provincial determinara que el monasterio pertenece a las religiosas, el Obispado ha decidido recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, buscando revertir esta decisión.

Este conflicto por la titularidad del Monasterio de Santa Isabel se remonta a varios años atrás, cuando las monjas Jerónimas y el Obispado de Mallorca se enfrentaron en los tribunales por la propiedad de este complejo religioso. Ahora, la resolución del Tribunal Supremo será clave para determinar a quién corresponde finalmente la titularidad de este patrimonio histórico.

EL RECURSO DEL OBISPADO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

El Obispado de Mallorca ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Provincial que otorga la propiedad del Monasterio de Santa Isabel a las monjas Jerónimas. La institución eclesiástica considera que la sentencia de la Audiencia «no se ajusta a derecho» y, por tanto, ha decidido llevar el caso a la máxima instancia judicial.

Esta no es la primera vez que el Obispado se ha enfrentado a las religiosas por la titularidad de este recinto. Anteriormente, ya había interpuesto un recurso contra la decisión del Juzgado que reconocía a las monjas Jerónimas como dueñas del monasterio. Sin embargo, la Audiencia desestimó dicho recurso, confirmando la propiedad de las religiosas sobre el complejo.

Ahora, el Obispado de Mallorca busca revertir esta sentencia a través del recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La institución eclesiástica considera que, en virtud de una Ley de 1860, adquirió el dominio de todos los monasterios de la isla desamortizados que aún no se habían vendido, incluyendo el Monasterio de Santa Isabel. Además, alega que las monjas Jerónimas no cuentan con un título de propiedad válido y que, desde 1855, habrían ocupado el monasterio por mera tolerancia del Obispado, y no como dueñas del recinto.

LA POSICIÓN DE LAS MONJAS JERÓNIMAS

Por su parte, las monjas Jerónimas han argumentado que son las propietarias legítimas del Monasterio de Santa Isabel. Según la sentencia de la Audiencia Provincial, las religiosas adquirieron el dominio de los tres inmuebles que conforman el complejo (dos viviendas y la iglesia y convento) «por haber adquirido su dominio mediante la posesión inmemorial, durante el transcurso de más de 30 años, pública, pacífica e ininterrumpida«.

La Audiencia rechazó los argumentos del Obispado, declarando que las propietarias de los tres bienes inmuebles antes de las desamortizaciones eran las Jerónimas. Según el tribunal, con la Ley de 1860, la recuperación de la propiedad se produjo «a favor de quien, antes de tal desamortización, había sido el propietario«, y en el caso del Monasterio de Santa Isabel, «a dichas propietarias fueron ‘devueltos’ los bienes que en su día fueron objeto de desamortización que no llegaron a ser enajenados por el Estado«.

EL VALOR HISTÓRICO Y PATRIMONIAL DEL MONASTERIO

El Monasterio de Santa Isabel de Palma de Mallorca es un complejo religioso de gran valor histórico y patrimonial. Ubicado en pleno centro histórico de la ciudad, el recinto consta de dos viviendas y la iglesia y convento, con una superficie construida de más de 6.400 metros cuadrados.

Este monasterio ha sido testigo de la historia de la isla de Mallorca a lo largo de los siglos, albergando a la Orden de las Jerónimas desde el siglo XV. El litigio por su propiedad pone de manifiesto la importancia de este patrimonio religioso y cultural, cuyo futuro dependerá de la resolución que emita el Tribunal Supremo.

La disputa entre el Obispado y las monjas Jerónimas refleja la complejidad de las cuestiones de propiedad relacionadas con los bienes de la Iglesia Católica, especialmente cuando se trata de edificios e inmuebles con un significativo valor histórico y patrimonial. El desenlace de este caso tendrá implicaciones no solo a nivel jurídico, sino también cultural y patrimonial para la isla de Mallorca.