Para COAG y UPA, la ley del Mar Menor debe evolucionar para ajustarse a la realidad, pero sin menoscabar la preservación de su delicado ecosistema

La Ley del Mar Menor es un tema de gran relevancia en la Región de Murcia, donde se busca encontrar un equilibrio entre la protección del frágil ecosistema del Mar Menor y permitir que los agricultores y ganaderos de la cuenca vertiente puedan desarrollar sus actividades de manera sostenible. Ante la necesidad de una reforma de dicha ley, se han abierto diversos debates y propuestas que buscan abordar esta compleja situación de manera integral.

En este contexto, es crucial que las partes involucradas, incluyendo el sector agrícola, los grupos parlamentarios y las autoridades competentes, logren un consenso que permita adaptar la ley a la realidad del territorio, sin descuidar la protección del ecosistema. Solo a través de un enfoque equilibrado y basado en evidencias científicas se podrá alcanzar una solución duradera y efectiva.

Adaptando la Ley a la Realidad del Sector Agrícola

El presidente de COAG-IR Murcia, José Miguel Marín, ha expresado la necesidad de adaptar la Ley del Mar Menor a la realidad del sector agrícola y ganadero de la cuenca vertiente. Marín considera que la ley actual se ha dirigido exclusivamente al sector agrario, ignorando otras normativas que también afectan a los agricultores y ganaderos.

Según Marín, la técnica legislativa de la ley está viciada, ya que no ha tenido en cuenta la realidad del campo. Esto ha generado malestar en el sector, no por falta de interés en hacer las cosas bien, sino por la coacción que se ha ejercido sobre la actividad agraria. Marín propone que la ley cuente con un desarrollo reglamentario ágil que permita adaptarse a las normas que vayan surgiendo en el futuro.

Asimismo, Marín señala que una de las preocupaciones del sector agrario es producir alimentos sin contaminar el acuífero, lo cual es una asignatura pendiente que se está abordando a través de proyectos de investigación, como el FERTECO, liderado por el CEBAS-CSIC.

Mejorando la Ley sin Rebajar la Ambición de Protección

Por su parte, el secretario general nacional de UPA, Marcos Alarcón, ha manifestado que la sociedad ha identificado al sector agrario como el responsable exclusivo del deterioro del Mar Menor. Alarcón considera que la reforma de la ley debe ser una mejora en la que se visibilice que la recuperación y la protección del Mar Menor es una cuestión que nos atañe a todos.

Según Alarcón, la modificación de la ley debe suprimir rigideces que dificultan la aplicación de la misma, sin rebajar la ambición de protección del ecosistema. Además, ha criticado que la ley actual se concretara sin escuchar al sector agrario.

Posturas de los Grupos Parlamentarios

Desde los grupos parlamentarios, se han expresado diferentes posturas:

El diputado socialista Manuel Sevilla se ha mostrado en desacuerdo con la propuesta de realizar un desarrollo reglamentario para resolver de manera más ágil las cuestiones relacionadas con la agricultura. Sevilla considera que la ley debe desarrollarse y cumplirse en su integridad para evaluar su funcionamiento.

Por su parte, el diputado de Podemos Víctor Egío ha reconocido la contaminación por nitratos del Mar Menor, con fuentes diversas, incluyendo el sector agrario. Egío manifiesta la necesidad de encarar el problema de forma equilibrada.

Desde VOX, el diputado Antonio Martínez ha advertido que la ley del Mar Menor ha sido un pretexto para formar un consejo de guerra permanente contra los agricultores, considerando al sector primario como la primera víctima de una ideología de odio.

Finalmente, el diputado del PP Jesús Cano ha señalado que se puedan introducir mejoras o cambios en la ley para hacerla más eficaz y que las normativas de distinto rango no colisionen con la Ley del Mar Menor, abogando por una armonización de la legislación.

En conclusión, la reforma de la Ley del Mar Menor es un desafío complejo que requiere un enfoque equilibrado y consensuado entre todas las partes involucradas. Solo a través del diálogo, la consideración de evidencias científicas y la búsqueda de soluciones integrales, se podrá alcanzar un balance adecuado entre la protección del ecosistema y el desarrollo sostenible de las actividades agrícolas y ganaderas en la región.