La sostenibilidad de las entidades que prestan servicios a las personas con discapacidad y a sus familias en Andalucía es un tema crucial que requiere una atención urgente. Más de 300 representantes de estas organizaciones se han reunido para analizar la «situación de asfixia» en la que se encuentran, lo que pone en riesgo la continuidad de los servicios esenciales que ofrecen a las 700.000 personas con discapacidad y sus familiares en la región.
En estas jornadas, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) Andalucía ha puesto de manifiesto la unidad del movimiento de la discapacidad en Andalucía, un elemento clave para defender los derechos y servicios que necesita este colectivo. Además, se ha subrayado la urgente necesidad de mejorar los recursos y de impulsar un nuevo modelo que garantice la sostenibilidad del sistema de atención a las personas con discapacidad.
Exigencias para Asegurar la Sostenibilidad de las Entidades
Las entidades participantes en las jornadas han acordado exigir a la Administración una serie de medidas concretas para asegurar la sostenibilidad de sus servicios:
- Revisión del coste máximo de las plazas: Actualizar los precios de los servicios para reflejar los costos reales.
- Sistema automático de actualización de precios: Implementar un mecanismo que permita la actualización automática de los precios cuando se produzcan cambios en factores como el IPC o los salarios.
- Realización de un estudio de costes reales: Realizar un análisis exhaustivo de los costos reales de los servicios prestados.
- Cambio de modelo en la concertación de los servicios: Adoptar un nuevo sistema de concertación que garantice la sostenibilidad de las entidades.
Llamado a un Pacto de Estado de Dependencia
Además, las entidades han reclamado al Gobierno Central que contribuya a mejorar la situación de estas organizaciones a través de un Pacto de Estado de Dependencia. Esto se debe a que la situación financiera actual pone en riesgo la sostenibilidad de las entidades, ya que no pueden asumir las subidas salariales de alrededor del 12% previstas para el 2025 como resultado de la suma de los Índices de Precios al Consumidor (IPC) de los tres últimos años.
CERMI Andalucía considera que es el momento de plantear un cambio de modelo para «asegurar la sostenibilidad de las entidades que tienen más de 11.000 empleos directos y en muchas provincias son las principales empresas prestadoras de servicios». Para ello, proponen adoptar sistemas existentes en otras comunidades autónomas, como Galicia, Extremadura y Cantabria, donde tienen un concierto social que recoge la actualización automática de los precios y unas subvenciones nominativas para el mantenimiento de las estructuras de las Confederaciones y Federaciones Provinciales.
En resumen, las entidades de discapacidad en Andalucía se enfrentan a una situación crítica que pone en riesgo la continuidad de los servicios que prestan a una población vulnerable. Para asegurar la sostenibilidad de estas organizaciones, se requiere una respuesta integral por parte de las Administraciones Públicas, incluyendo la revisión de los modelos de financiación y la implementación de un Pacto de Estado de Dependencia que garantice el futuro de este sector esencial.
