La gestión del conflicto del Algarrobico en Carboneras, Almería, ha sido un desafío constante para las autoridades locales. Después de años de batallas legales, el municipio se encuentra ahora en una encrucijada crucial, enfrentándose a los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para acreditar que los terrenos del Algarrobico son, en efecto, suelo no urbanizable. Este artículo se adentra en los complejos detalles de este caso, explorando los esfuerzos del Ayuntamiento por dar cumplimiento a las órdenes judiciales y las implicaciones que conlleva este proceso.
Más allá del Algarrobico, el Ayuntamiento de Carboneras también se enfrenta a otras situaciones que demandan su atención, lo que complica aún más la tarea de responder adecuadamente a las exigencias del TSJA. Con recursos limitados y personal administrativo insuficiente, el municipio debe encontrar la manera de avanzar en la restauración de la legalidad en el paraje del Algarrobico, mientras atiende las necesidades cotidianas de una población que aumenta considerablemente durante la temporada estival.
Respuesta del Ayuntamiento a los Requerimientos Judiciales
El Ayuntamiento de Carboneras se ha comprometido a llevar el expediente del Algarrobico a un próximo Pleno Municipal, con el objetivo de dar respuesta a los requerimientos del TSJA. Esto implica acreditar que los terrenos del paraje son, efectivamente, suelo no urbanizable, así como iniciar los trámites para la revisión de oficio de la licencia otorgada para la construcción del hotel.
Sin embargo, el Consistorio se enfrenta a diversos desafíos en este proceso. En primer lugar, cuenta con una secretaria municipal interina que acude solo un día a la semana, lo que ralentiza la elaboración del informe que se presentará en el Pleno. Además, los recursos limitados del Ayuntamiento hacen que tenga que atender otras situaciones urgentes, lo que complica aún más la atención a este caso.
A pesar de estas dificultades, el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha manifestado su intención de llevar el tema a Pleno y cumplir con los requerimientos del TSJA. Esto se debe, en parte, a la presión ejercida por organizaciones como Greenpeace, que han solicitado reiteradamente al Ayuntamiento que certifique el cumplimiento de la sentencia que obliga a calificar el Algarrobico como suelo no urbanizable.
Implicaciones Legales y la Amenaza de Fiscalía
La falta de respuesta del Ayuntamiento de Carboneras a los requerimientos del TSJA ha llevado a Greenpeace a solicitar que se dé traslado a la Fiscalía, ante el posible delito de desobediencia por parte del Consistorio. El alto tribunal andaluz ya ha apercibido al alcalde sobre esta posibilidad, lo que agrega aún más presión al proceso.
Cabe destacar que la tramitación de la pieza destinada a dar cumplimiento a la sentencia y conseguir que el Algarrobico figure como suelo no urbanizable en el plan general de Carboneras acumula tres años de tramitación y sigue «exactamente igual que en 2021», según denuncia Greenpeace.
Ante esta situación, Greenpeace vuelve a solicitar la «ejecución forzosa» de la sentencia de 2016 que obliga a restituir la legalidad de los suelos protegidos en el Algarrobico y en el Canillar, ambos en el municipio de Carboneras.
Conclusión: Restaurando la Legalidad en Carboneras
El caso del Algarrobico en Carboneras es un ejemplo claro de los desafíos que enfrentan las autoridades locales cuando se trata de cumplir con las exigencias judiciales. El Ayuntamiento, con recursos limitados y personal administrativo insuficiente, se encuentra en una situación compleja, debiendo atender múltiples frentes mientras intenta dar respuesta a los requerimientos del TSJA.
La presión ejercida por organizaciones como Greenpeace y la amenaza de posibles delitos de desobediencia añaden aún más urgencia a este proceso. Es fundamental que el Ayuntamiento de Carboneras encuentre la manera de priorizar y agilizar la restauración de la legalidad en el paraje del Algarrobico, a fin de evitar sanciones y mantener la credibilidad de las instituciones ante la comunidad.
En última instancia, este caso pone de manifiesto la importancia de una gestión responsable y transparente de los recursos naturales y del desarrollo urbano, así como la necesidad de establecer mecanismos eficientes para garantizar el cumplimiento de las sentencias judiciales. La resolución de este conflicto tendrá repercusiones más allá de Carboneras, sentando un precedente para la protección del medio ambiente y el Estado de Derecho en toda la región.
