La proposición de ley acordada entre el PSOE y el PP tiene como objetivo principal reforzar la independencia e integridad de nuestro sistema judicial a través de la modificación de dos normas fundamentales: la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Esta reforma busca poner fin a las denominadas «puertas giratorias» en los tribunales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General, evitando casos como el de la exministra Dolores Delgado, que fue nombrada jefa del Ministerio Público al salir del Ministerio de Justicia, o del exministro Juan Carlos Campo, que regresó a la Audiencia Nacional tras dejar el cargo.
La nueva redacción introduce una serie de cambios significativos, tanto en los requisitos para el nombramiento de magistrados en las Salas del Tribunal Supremo, como en la composición y funcionamiento del CGPJ y en el régimen de incompatibilidades del Fiscal General del Estado. Estas medidas buscan garantizar una mayor independencia y objetividad en la selección y designación de los principales cargos judiciales y fiscales.
Requisitos más Exigentes para Acceder al Tribunal Supremo
La propuesta de reforma aumenta de 15 a 20 años el tiempo que deben haber cumplido los miembros de la carrera judicial para poder ser nombrados magistrados del Tribunal Supremo. Además, establece que se requerirá una mayoría de tres quintos de los vocales del CGPJ para el nombramiento de los presidentes de las Audiencias Provinciales y del magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como de su sustituto.
Asimismo, la ley prevé la creación de una Comisión de Calificación en el CGPJ, integrada por cinco vocales, que informará sobre todos los nombramientos que sean competencia del Pleno. De este modo, se pretende garantizar una valoración objetiva de las candidaturas presentadas.
Limitaciones a las ‘Puertas Giratorias’ en el CGPJ y la Fiscalía
La proposición de ley también introduce un «régimen de incompatibilidades» para poder ser designado como vocal del CGPJ por el turno de juristas de reconocida competencia. Según esta nueva regulación, no podrán ser elegidos quienes, en los cinco años anteriores, hayan sido titulares de un Ministerio, Secretaría de Estado, Consejería de un gobierno autonómico, Alcaldía, o hayan ocupado cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados, el Senado o Asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
En cuanto al Ministerio Fiscal, la proposición establece un nuevo régimen de incompatibilidades para el nombramiento como Fiscal General del Estado. En este sentido, no podrá ser propuesto para el cargo quien, en los cinco años anteriores, haya sido nombrado titular de un Ministerio, Secretaría de Estado, Consejería de un gobierno autonómico, Alcaldía, o haya tenido la condición de eurodiputado, diputado, senador o miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma.
Además, el Fiscal General deberá abstenerse de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los jueces y magistrados en la LOPJ. Las partes intervinientes podrán solicitar su no intervención en el proceso.
Con estas medidas, la reforma busca reforzar la independencia e integridad de nuestro sistema judicial, evitando que los principales cargos judiciales y fiscales puedan estar sujetos a influencias políticas o a eventuales «puertas giratorias» entre los poderes públicos y la Administración de Justicia.
