La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un recurso contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar como testigo al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, en el marco de la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En el escrito, al que ha tenido acceso la prensa, la defensa argumenta que el juez está llevando a cabo una investigación «prospectiva» y le recuerda que el Tribunal Supremo ya advirtió en sentencias de hace 24 años que en el derecho penal moderno se ha desterrado la «inquisición general».
El abogado de Begoña Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, sostiene que la investigación actual no cumple con los principios básicos del debido proceso. Recuerda que los investigados tienen derecho a ser informados desde el inicio de la causa «de los hechos que han determinado su incoación y las razones de su implicación».
Sin embargo, afirma que a lo largo del procedimiento, y después de que la Fiscalía Europea se quedara con la parte de la investigación que atañe a los contratos de Red.es que fueron adjudicados a una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés, la defensa ha solicitado «de forma reiterada» y sin éxito que el juez aclarara cuáles eran los hechos concretos que se estaban investigando.
La defensa de Begoña Gómez denuncia la falta de claridad en la investigación
Camacho argumenta que la falta de información sobre los hechos concretos que se investigan convierte en «incomprensible» la citación de Goyache, quien «en absoluto está relacionado con los hechos que constituían el objeto de la investigación». Además, señala que la lectura de las actuaciones «tampoco aclara el objeto del procedimiento» y que se echa en falta un auto del juez ampliando el objeto de la investigación.
La defensa de Begoña Gómez considera que la investigación actual se asemeja a una «investigación prospectiva» donde, bajo la excusa de investigar un hecho delictivo, «se busca inspeccionar en la vida del investigado». En este sentido, cita jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que «someter a una persona a una investigación prospectiva es del todo incompatible con los principios de un Estado democrático de derechos». El Tribunal Supremo ha afirmado que «el sistema de inquisición general está desterrado del moderno y civilizado derecho penal».
La defensa exige un cambio de rumbo en la investigación
La defensa de Begoña Gómez considera que la investigación actual debe cambiar de rumbo para cumplir con los principios básicos del derecho penal. Se exige al juez que defina claramente el objeto de la investigación, que informe a la defensa de los hechos concretos que se están investigando y que deje de llevar a cabo una investigación «prospectiva» que vulnera los derechos de la investigada.
La defensa de Begoña Gómez ha presentado un recurso para suspender la citación de su clienta para el 5 de julio hasta que el juez aclare los hechos que se investigan. La defensa considera que la citación actual es prematura e injusta, ya que no se le ha dado a Begoña Gómez la posibilidad de preparar una defensa adecuada.
El caso de Begoña Gómez ha suscitado un debate sobre los límites de la investigación judicial y los derechos de los investigados. La defensa de Begoña Gómez ha utilizado argumentos legales sólidos para cuestionar la investigación actual y exigir al juez que actúe con transparencia y respeto a los principios del debido proceso.
