Al Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, los problemas se le acumulan. Si era poco enfrentarse a una investigación por revelación de secretos ahora el colectivo de funcionarios Manos Limpias se suma a la «fiesta» y le ha puesto una denuncia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el mismo motivo. Esta semana el FGE ya ha superado el primer «match ball» con la Junta de Fiscales de Sala y el apoyo a la ley de amnistía, pero le queda todavía intentar que los fiscales del Supremo no sigan con la vía del terrorismo en la Causa Tsunami contra Carles Puigdemont y enfrentarse a la acusación de revelación de secretos.
La denuncia interpuesta directamente ante el Supremo acusa a García Ortiz de lo mismo por lo que ya está siendo investigado, la supuesta revelación de los datos fiscales de Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
«ESTO TIENE QUE SALIR YA», DIJO LA FISCAL DE MADRID ANTE EL JUEZ, RECORDANDO LA ORDEN DEL FISCAL GENERAL
En la relación de los hechos que hacen los denunciantes explican que ya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha procedido a la apertura de Diligencias Previas 167/2024 «por querella presentada por el señor González Amador (del que se filtraron datos de Hacienda reservados) y el ICAM (en representación del abogado del señor González Amador) contra los fiscales de la Audiencia Provincial, doña Pilar Rodríguez Fernández y el fiscal don Julián Salto (fiscal de delitos económicos que investiga al señor González Amador)».
Los denunciantes fundamentan su escrito en que «la fiscal superior de Madrid, doña Almudena Lastra, el jueves 13 de junio pasado, ratificó ante el juez instructor que investiga a los dos fiscales por revelación de secretos que «fue el Fiscal General del Estado (FGE), don Álvaro García Ortiz, quien le ordenó que se publicara ese comunicado (que supone una revelación de secretos) y que no estaba de acuerdo con la publicación de esa nota». «Esto tiene que salir ya», refiriéndose a palabras del denunciado. «Que lo publiquen ellos si quieren» replicó doña Almudena Lastra, en referencia a que fuese la FGE quien difundiera el comunicado y no la Fiscalía Provincial de Madrid, a lo que don Álvaro García Ortiz había respondido que la nota estaba consensuada con la fiscal jefe provincial de Madrid».
DELITO PENAL
Además, Almudena Lastra habría contado en esa comparecencia ante el juez que las órdenes para publicar esa nota le llegaron tanto por whatsapp como por correo electrónico. Manos Limpias añade que «es obvio que después de los testimonios ante el instructor y de las propias declaraciones en medios televisivos del denunciado asumiendo la responsabilidad del referido comunicado está más que justificada la presente denuncia» y adjuntan un escrito dirigido por el FGE al juez instructor con fecha de 10 de junio de 2024 donde García Ortiz reconoce que «en tanto en cuanto a su publicación no se hubiera producido sin mi previa autorización y mis instrucciones expresas y directas».
El colectivo de funcionario califica este hecho de revelación de secretos y recoge en su escrito que las penas previstas van desde multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para cargo público durante un tiempo de 1 a 3 años, hasta que si «la revelación resultara grave o daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 3 a 5 años» y explican que «el daño generado en el caso que nos ocupa ha adquirido unas dimensiones y una relevancia desorbitada, desbordando el marco de ilicitud administrativa para integrarse en un ilícito penal».
Si García Ortiz saliese airoso de esta causa, algo que se antoja complicado de conseguir, la siguiente «bola de partido» sería intentar convencer a los fiscales del Supremo de que Puigdemont no incurrió en un delito de terrorismo con la Plataforma Tsunami, pero 12 de los 15 creen que sí y de esa docena hay 11 que apuntan directamente al ex presidente de la Generalitat como líder de la plataforma creada para movilizar a miles de separatistas y provocar actos de algaradas callejeras.
