La Unión Europea ha adoptado una nueva legislación destinada a frenar el deterioro de la biodiversidad y recuperar los ecosistemas dañados.
Aunque el plan original fue diluido tras intensos debates políticos, la ley representa un paso significativo en los esfuerzos medioambientales del bloque.
Según datos de la UE, el 80% de los hábitats naturales en Europa están en condiciones de conservación deficientes, y el 70% de los suelos presenta problemas de salud.
La normativa aprobada requiere que los Estados miembros implementen medidas de restauración en el 20% de sus espacios terrestres y marinos para 2030, extendiéndose a todas las áreas necesarias para 2050.
La ley otorga flexibilidad a los países con un predominio de un solo tipo de ecosistema, como los países escandinavos.
Los Estados deberán tomar medidas para mejorar dos de tres indicadores ambientales y alcanzar objetivos de población de aves comunes en zonas rurales para finales de 2030, procurando mejorar los ecosistemas.
1Punto clave para restaurar ecosistemas
Un punto clave de la legislación es la restauración de humedales agrícolas drenados: se espera que el 30% sea restaurado para 2030, el 40% para 2040 y el 50% para 2050, reactivando estos sumideros de carbono, ayudando a los ecosistemas.
Los Estados afectados por esta medida contarán con flexibilidad, y la reposición de agua será opcional para agricultores y propietarios privados.
Este reglamento es una parte fundamental del Pacto Verde de la UE y ha sido objeto de prolongadas y arduas negociaciones en el Parlamento Europeo.
Inicialmente, los eurodiputados eliminaron el artículo sobre tierras agrícolas, pero tras intensas discusiones, fue reintroducido con modificaciones más suaves.
El objetivo de ampliar las zonas de «alta diversidad» al 10% de las tierras agrícolas fue eliminado debido a la oposición de eurodiputados de derecha, quienes lo consideraron una amenaza para la seguridad alimentaria.
Además, se ha establecido un mecanismo de suspensión de las disposiciones en caso de «circunstancias excepcionales», como la necesidad de garantizar la producción suficiente de alimentos para la UE. Este mecanismo, conocido como «freno de emergencia», puede ser activado por la Comisión Europea por un máximo de un año.
Para 2030, los Estados deberán mantener sin cambios la extensión de sus espacios verdes y arbolados urbanos en comparación con 2021, con ciertas flexibilidades para aquellos cuya cobertura verde ya es del 45% del ecosistemas urbanos.
También se proyecta la eliminación de obstáculos en los ríos, como pequeñas represas obsoletas, para mejorar la conectividad natural en al menos 25,000 km de cursos de agua para 2030.
Finalmente, la normativa establece que los Estados adopten medidas para mejorar varios indicadores forestales y plantea el objetivo indicativo de plantar al menos 3,000 millones de árboles para 2030.
