La imparcialidad judicial es un principio fundamental en cualquier sistema democrático. Los tribunales de justicia deben actuar de manera objetiva y neutral, sin verse influenciados por presiones políticas o intereses particulares. En el caso de la sentencia de los EREs en Andalucía, este principio ha sido cuestionado por las recientes declaraciones del Gobierno andaluz, lo que ha generado una respuesta enérgica por parte del PSOE.
El líder de los socialistas andaluces, Juanma Moreno, ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de intentar «orientar» a los magistrados del Tribunal Constitucional sobre la sentencia de los EREs. Esto constituye, según Moreno, una «intromisión inaceptable» en la labor de los tribunales, lo que ha llevado al PSOE a presentar una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que «llame al orden» a Moreno y a sus consejeros.
La Posición del Gobierno Andaluz
El Gobierno andaluz, liderado por el PP, ha realizado declaraciones que han sido interpretadas como un intento de influir en la decisión del Tribunal Constitucional. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha advertido que sería «muy grave para la democracia» si el Constitucional decide «dejar impune la responsabilidad de representantes políticos que permitieron el robo de casi 700 millones de euros de los parados de Andalucía».
Estas palabras han sido calificadas por Moreno como una «intromisión inaceptable» en el proceso judicial. Desde el PSOE, se considera que el PP, que «da lecciones sobre el respeto a la separación de poderes, no tiene el más mínimo empacho en desaconsejar a los magistrados del Tribunal Constitucional».
La Necesidad de Preservar la Independencia Judicial
La independencia judicial es un pilar fundamental de todo Estado de derecho. Los tribunales deben tener la libertad de tomar decisiones sin presiones externas, ya sean políticas, económicas o de cualquier otro tipo. En el caso de la sentencia de los EREs, es crucial que el Tribunal Constitucional pueda actuar con total imparcialidad y objetividad, sin verse influenciado por las declaraciones del Gobierno andaluz.
El PSOE considera que estas declaraciones son «inaceptables» e «intolerables», ya que ponen en riesgo la separación de poderes y la independencia del poder judicial. Por lo tanto, han decidido presentar una queja formal ante el CGPJ para que intervenga y «llame al orden» a Moreno y a sus consejeros.
