El candidato a la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, líder de Junts, tendrá que hacer frente a tres causas judiciales todavía abiertas en los tribunales. Aunque las encuestas le den el segundo lugar con una horquilla entre el 20 y 23 por ciento de los votos en la próxima cita electoral en Cataluña, sigue ante el Tribunal Supremo procesado por delitos de desobediencia y malversación, por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, tiene que detenerlo todavía para tomarle declaración, aunque si se aprueba la ley de amnistía la investigación tiene pocos visos de llegar a ningún lado.
Puigdemont también es uno de los 35 ex altos cargos catalanes que en noviembre de 2023 fueron juzgados en el Tribunal de Cuentas (TC) por la responsabilidad derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del procés, las conocidas como embajadas catalanas. La Fiscalía les reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria.
La última causa contra él está abierta por la Audiencia Nacional primero y luego por el Tribunal Supremo por los presuntos delitos de terrorismo cometidos durante los actos convocados por Tsunami Democràtic tras la sentencia desfavorable del Procés.
ARTUR MAS Y FRANCESC HOMS
El ex president catalán Artur Mas y uno de sus consejeros, Francesc Homs, ambos de Junts, fueron condenados por el Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros, más otro millón de euros por los intereses por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, previa al referéndum de 2017. También están en la causa abierta en el Tribunal de Cuentas por los gastos del 1 de octubre y de las embajadas catalanas.
TONI COMÍN
El ex consejero de Junts Toni Comín está procesado en el Supremo por delitos de desobediencia y malversación por el 1 de octubre. Comín tiene dictada orden de búsqueda y captura nacional en su contra, solo cuando se encuentre en territorio español, ya que las órdenes internacionales de Llarena cayeron tras el pronunciamiento de los tribunales europeos. Fue uno de los cuatro consejeros de la Generalitat que huyó de España con Puigdemont, ahora vive en la ciudad belga de Lovaina y es europarlamentario europeo.
CLARA PONSATÍ
Algo similar le ocurre a Clara Ponsatí. La ex consejera y eurodiputada ha sido procesada por el juez Llarena del Tribunal Supremo por la celebración del referéndum del 1 de octubre y tuvo que ser detenida en Barcelona por los Mossos tras negarse a presentarse para declarar ante el juez. Permanece en libertad acusada de desobediencia y también está acusada por el Tribunal de Cuentas. Reside en Bélgica.
LLUÍS PUIG
El también ex consejero Lluís Puig está procesado por desobediencia y malversación. Es uno de los cuatro consejeros que acompañó a Puigdemont en su fuga de España por lo que no han podido tomarle tampoco declaración. Al igual que el resto de cargos que han formado parte del Gobierno de la Generalitat también fue acusado por el Tribunal de Cuentas. Permanece fugado en Bélgica.
JORDI TURULL
El ex consejero de la Presidencia de la Generalitat y portavoz del Gobierno catalán Jordi Turull es posiblemente el político que mayor fidelidad ha tenido a Carles Puigdemont durante toda su carrera, hasta el punto de sustituirle en el último mitin de las elecciones catalanas tras el fallecimiento de la madre de Puigdemont.
Turull fue condenado y encarcelado por el Supremo en la causa del Procés y posteriormente indultado por el gobierno de Pedro Sánchez. Forma parte de las 35 personas juzgadas por el Tribunal de Cuentas. Turull siempre ha estado en todas las quinielas del partido de Puigdemont como uno de sus posibles sucesores.
JOSEP RULL Y JOAQUIM FORN
Josep Rull y Joaquim Forn son dos de los ex consejeros de Junts también condenados a penas de 11 años y medio de prisión por el Supremo. El delito de sedición por el que fueron condenados fue cambiado tras el último código penal y reemplazado por desórdenes públicos. Por tanto, su inhabilitación para ejercer cargos públicos también se extinguió.
JOSEP LLUÍS ALAY
Josep Lluís Alay no es un político propiamente dicho, pero es el jefe de la oficina de Carles Puigdemont en Waterloo. Está investigado o imputado en la Causa Voloh por el presunto desvío de fondos públicos a la causa independentista y en Tsunami Democràtic, organizadores de las protestas tras las sentencias del Tribunal Supremo por el juicio del Procés.
MIQUEL BUCH
Miquel Buch, ex consejero de Interior de Quim Torra hasta 2020 fue condenado a 4 años y medio de cárcel por designar a un mosso d´esquadra como escolta de Carles Puigdemont en su huida de España.
JAUME CABANI
Tampoco es un político al uso, pero Jaume Cabani, alias Kanabo en los chats encriptados de la Causa Tsunami, tenía «notoria participación, e incluso responsabilidad, en la financiación» del movimiento. Así lo acredita la Guardia Civil en sus investigaciones para la Audiencia Nacional. Cabani gestionaba como titular once cuentas bancarias en el extranjero, y al menos una en Suiza, desde donde habría movido dinero a España para financiar al Tsunami. Reside habitualmente en Waterloo y se le considera cercano a Junts y es uno de los independentistas acusados de terrorismo en la causa que instruye la Audiencia Nacional.
JOSEP CAMPMAJÓ
El empresario Josep Campmajó es para la Guardia Civil uno de los impulsores y cerebros de la Causa Tsunami y se ha abierto pieza separada para él en la Audiencia Nacional, que lo investiga por terrorismo. Es uno de los pocos acusados que no ha huido de España y sigue residiendo en Gerona. Se le considera cercano a Junts y a Carles Puigdemont.
NICOLA FOGLIA
Nicola Foglia tampoco es un político, es un ciudadano italiano, banquero de profesión, afincado en Suiza que se habría involucrado a nivel económico en el movimiento Tsunami. Su residencia oficial está en la localidad suiza de Zurich, misma ciudad donde reside ahora el diputado Wagensberg de ERC. Foglia era vicedirector de la entidad Banca della Svizzera Italiana (BSI), disuelta en 2015 por blanqueo de capitales. El 14 de octubre de 2019, justo cuando comenzaba la marcha de Tsunami hacia el aeropuerto de Barcelona, Foglia escribió a Josep Lluis Alay, para informarle de que tenía «bastante dinero», en concreto 6.000 francos suizos, y que quería colaborar comprando «comida y agua para los manifestantes», tal y como consta en el sumario de la causa. Alay lo guardaba en su agenda como Ticino y también está procesado por la Audiencia Nacional.
OLEGUER SERRA
Oleguer Serra es una de las incógnitas de la Causa Tsunami. Está considerado por los investigadores de la Guardia Civil como el ingeniero informático que puso en marcha la plataforma donde se coordinaban las acciones de protesta de los separatistas, Serra trabaja para una fundación suiza y una empresa informática con sede en Suiza y Barcelona, especialistas en ciberseguridad. Puede trabajar desde cualquier lugar del mundo.
OLEGUER SERRA SE DEFINE «COMO UN ACTIVISTA COMPROMETIDO Y UN EMPRENDEDOR»
Serra es el consejero ejecutivo de Omnium Cultural, pero no milita en Junts. En Tsunami está acusado de coordinar protestas de Tsunami, usando el alias Padre Carbaser. Serra propuso internacionalizar algunas acciones de la Plataforma invitando a políticos y famosos de la esfera cultural internacional. Los investigadores de la Guardia Civil tienen pruebas de que se reunió en Suiza con Puigdemont y otros en agosto de 2019, donde se planeó Tsunami.
En su propia página web se define como «un activista comprometido y un emprendedor que aboga por una tecnología abierta y accesible para todos». Está imputado en la Causa Tsunami por terrorismo.
LAURA BORRÀS
Laura Borrás, ex diputada del Congreso, ex presidenta del Parlament de Cataluña y militante de Junts es otra de las condenadas por varios delitos. Fue condenada a cuatro años y medio de cárcel y a nueve años de inhabilitación por por falsedad documental y prevaricación, como informó el Consejo General del Poder Judicial.
En diciembre de 2019 el Tribunal Supremo abrió una causa penal a Laura Borràs, que en ese momento ostentaba el cargo de diputada en el Congreso español. El objetivo del Alto Tribunal era investigar los indicios de diversos delitos durante la etapa en la que Borràs fue directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Borràs fue acusada de fraccionar hasta 16 contratos de la entidad pública para beneficiar a un conocido. Entonces, el Supremo aseguraba que los hechos «podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental». Pero fue elegida poco después presidenta del Parlament y por tanto su causa se trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que finalmente la condenó por los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa.
Los contratos adjudicados por la ILC mientras ella era su presidenta fueron troceados en cantidades pequeñas para no llamar la atención. Laura Borràs nunca llegó a ingresar en prisión y actualmente ha recuperado su plaza de profesora de Educación en la Universidad de Barcelona.
